EL MENSAJE PRESIDENCIAL Y LA REFORMA DEL ESTADO: Pilar Arroyo

Lima, 27 de agosto del 2009
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EL MENSAJE PRESIDENCIAL Y LA REFORMA DEL ESTADO
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Pilar Arroyo R.P.
Instituto Bartolomé Las Casas

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EL MENSAJE PRESIDENCIAL
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Había una cierta expectativa de que la lucha amazónica de mayo y junio de este año hubiera hecho reflexionar al gobierno y optara por algunos cambios. Sin embargo, el discurso del 28 de julio fue, más bien, una reafirmación del rumbo seguido hasta la actualidad, marcado por:
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+ La idea de que el camino del desarrollo del país pasa por el aprovechamiento de sus grandes recursos naturales. Ello traerá empleo, tecnología y recursos para que el Estado pueda atender las necesidades de la población.
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+ La convicción de que este desarrollo será posible sólo facilitando la gran inversión nacional y extranjera. Ella es vista como el actor principal, el motor del desarrollo. En consecuencia, el estado debe tener como prioridad otorgarle todas las facilidades y remover todos los obstáculos, para que pueda cumplir su rol.
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+ La firme creencia de que todas las personas que se oponen a esta mirada (o visión de país); ya sea con su pluma, a través del ejercicio de la política, o ejerciendo su derecho ciudadano a la protesta, en realidad son parte (aliados) de una conspiración externa que busca acabar con la democracia en el país y que es liderada por el Presidente Venezolano Hugo Chávez y el Presidente Boliviano Evo Morales.
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+ Por ello, piensan que es lícito, legítimo, y que es su deber, responder a esta amenaza “anti – sistema” con toda la fuerza que tiene el gobierno. De allí la invocación en el Mensaje del 28 de julio a la Policía Nacional para que use sus armas sin vacilar; así como también la reciente iniciativa presentada en el Congreso (proyecto de Ley Nº 3393/2009-CR) que en su capítulo II, artículo 7º señala que “Se hará uso de las armas de fuego en las siguientes situaciones: Legítima defensa, acto hostil e intención hostil”. En el artículo 11, la propuesta de ley señala que “el personal policial que en cumplimiento de sus funciones haga uso de su arma conforme a lo establecido en la presente ley, estará exento de responsabilidad penal, civil y administrativa”.
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+ Igualmente, el gobierno y quienes comparten su mirada están convencidos que para salvar al país es importante que en las próximas elecciones se bloquee el camino a cualquier opción anti-sistema. Ellos consideran tal a cualquier propuesta alternativa de desarrollo, distinta a la que impulsan.
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Esta reafirmación del rumbo nos dice que los próximos dos años serán complicados para temas que importan mucho a un sector de la población, como son el cuidado del medio ambiente, la distribución equitativa de los frutos del crecimiento, los derechos humanos y la participación ciudadana.


Así lo ha comprendido el presidente del Frente de Defensa de Moquegua, Zenón Cuevas, quien hizo notar que el mandatario evitó pronunciarse sobre los problemas de fondo que generaron los conflictos y sobre las alternativas de solución y, además, mantuvo un discurso confrontacional. Señaló ““Esperábamos que se pronuncie sobre los compromisos suscritos, que diga que los acuerdos se cumplirán. Nuestro temor es que ahora quieran desconocerlos y que, además, respondan con violencia”


Similar preocupación expresó Ronald Gamarra, Secretario Ejecutivo de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, quien manifestó que es preocupante la insistencia del Presidente García de que las protestas se generaron por influencia externa. Manifestó que “Esto muestra que no se entiende el tema de fondo y, por lo tanto, no hay un propuesta clara para combatirlo. Así, difícilmente se resuelven conflictos”. [1]

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LA REFORMA DEL ESTADO

Tres hechos de este mes nos recordaron la necesidad de la reforma del Estado. El primero fue la discusión sobre los llamados “núcleos ejecutores”, iniciativa lanzada en el discurso presidencial del 28 de julio como la respuesta a la reiterada incapacidad de los diversos niveles estatales de realizar inversiones que mejoren las condiciones de vida de la población.

La segunda fue el segundo aniversario del terremoto del 15 de agosto del 2007. Y la tercera fue el sexto aniversario de la entrega del informe de la Comisión de la Verdad y Reconciliación.


Los núcleos ejecutores

En su discurso el Presidente respondió a los que plantean la urgente necesidad de una reforma del estado señalando que la verdadera reforma era la descentralización popular, entendida como “dar más participación directa al pueblo; el pueblo propone pero no ejecuta, debemos darle participación en la ejecución de las obras, y en el uso de los recursos”, dijo.


Causó preocupación en los gobiernos locales y regionales la afirmación del Presidente que “Si la descentralización que comenzó desde arriba no es suficiente, vamos a una descentralización popular. Esa participación del pueblo sí afirmará el orden democrático. La mejor manera de dialogar es gastar entregando al pueblo los recursos”.


Es así que el presidente de la Asociación de Municipalidades del Perú, César Acuña, aclaró que el retraso en invertir es responsabilidad del Ejecutivo y que un mejor camino es dar facilidades a los alcaldes y presidentes regionales para ello. Incluso llegó a señalar que la real finalidad de esta medida es desestabilizar a los gobiernos regionales.


El Presidente Regional de Arequipa, Juan Manuel Guillén, también mostró sus reservas sobre los núcleos ejecutores anunciados por el Presidente García y más bien recordó que una modalidad fue creada en 1991 por el Fondo de Cooperación para el Desarrollo Social (FONCODES) para que la población rural puede realizar pequeñas obras y se preguntó “Si existen estos mecanismos de participación, ¿por qué el presidente quiere crear estos comités?


Por su parte, Javier Azpur, director ejecutivo de Propuesta Ciudadana, recomendó que la llamada “descentralización popular” impulsada por García “no debilite al gobierno distrital o provincial, por el contrario, esta debe vincularse a los procesos de presupuesto participativo, a su fortalecimiento, de tal manera que haya un presupuesto en el gobierno local donde quede claro qué obras se van a priorizar y donde la población tenga un rol protagónico”. [2]

Por su parte Carlos Aramburú señaló que “La inversión pública (a través de los núcleos ejecutores) no solo debería ser para la obra física en sí, sino también debería estar vinculada con la inversión productiva y el desarrollo de capacidades de la población que se beneficia. Se necesita gente preparada para que se puedan llevar a cabo bien los proyectos. Esto último creo que es fundamental para que funcionen los núcleos" [3].

El Aniversario del Terremoto del 15 de Agosto

Dos años después del sismo, que dejó 90,000 viviendas destruidas y 594 muertos, el balance no puede ser más desolador: el nivel de reconstrucción con las justas raspa el 15% ¡Para una población que se encuentra, mayoritariamente, a una distancia entre 2 y 4 horas de la capital! Y ¡en un contexto en que el estado contaba con recursos!, pues como señala el economista Humberto Campodónico “el crecimiento del PBI [Producto Bruto Interno] desde el 2001 hasta el 2008 ha sido de 60%”[4]

Patricia del Rio nos dice que “Las ciudades afectadas siguen en escombros, y el proceso de reconstrucción ha estado plagado de ineficiencias y denuncias de corrupción”[5] y la Revista Ideele señala que “transcurrido dos años desde el terremoto de Pisco, Chincha e Ica, decenas de miles de alumnos siguen asistiendo a clases en módulos provisionales”[6] Ello coincide con un Informe de la Defensoría que señala que sólo un 23% de los centros educativos de la zona del desastre ha sido rehabilitado.

Esto nos habla de un estado no sólo absolutamente ciego y sordo frente a las necesidades de sus ciudadanos, sino con una gran incapacidad e incompetencia para cumplir con el mandato constitucional de que el fin supremo de la acción del estado es el bienestar de sus ciudadanos.


Una prueba de lo dicho anteriormente es lo manifestado por el Ministro de Vivienda y Construcción, Francis Allison, al visitar Pisco. El informó que el Fondo de Reconstrucción del Sur (FORSUR) recibió hasta la fecha 350 millones de soles para la reconstrucción, de los cuales sólo se ha ejecutado el 20%.

Sin embargo, es conveniente aclarar que con motivo del segundo aniversario se han barajado diversas cifras sobre los montos destinados a la reconstrucción: 1,300 millones, 945 millones etc.; por ello “la Defensoría del Pueblo recomendó al Gobierno Central y a los gobiernos regionales y locales de las zonas afectadas por el sismo del 2007 que sinceren y homogenicen sus cifras sobre lo avanzado en la reconstrucción pues, en la actualidad, se están difundiendo datos que parecen contradictorios y confunden a la población”

Según Eliana Revollar ello aumenta el malestar de las poblaciones afectadas por el retraso en la reconstrucción. Ella afirmó: "No debe darse este desorden. Si uno quiere saber sobre la rehabilitación de colegios, la Dirección Regional de Educación da una cifra, el presidente regional dice otra y, finalmente, el Gobierno Central lanza una más a través de su publicidad".[7]


Allison también dijo que “Realmente es muy lento lo que se hace, entonces hay que cambiar las cosas. Con 15 millones al mes se podrían construir 800 casas, como las de Techo Propio (…) “Vamos a modificar FORSUR para que no todo el dinero sea para obras públicas. De qué sirve que se construyan pistas, si la gente sigue viviendo en esteras. Ahora también podrán intervenir en la construcción de casas”[8]


Como dice Susana Villarán “El sur reclama un Estado presente y activo, un plan de rehabilitación concertada entre los tres niveles del Estado que atienda la reconstrucción del 85% de la zona afectada, con fuerte inversión en capacidades locales para que los recursos tengan impactos significativos y se atiendan las graves secuelas sociales de la tragedia. Es el momento para que las autoridades electas se reivindiquen de tanta negligencia”[9]


El sexto aniversario del Informe de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR)

Como señala Augusto Castro “La información que recogemos del Informe Final de la CVR nos permite ingresar a un momento complejo para el país y nos ofrece materiales de primera mano para un balance del Estado moderno [que] no estuvo a la altura de su cometido, que no era otro que el de defender la vida y los intereses de los ciudadanos frente al desarrollo de la barbarie y la violencia armada del terrorismo”


Y a continuación se pregunta “¿cuál es el rol del Estado? La respuesta no puede ser otra que la de buscar el bienestar y la dignidad de la persona humana. Partiendo de ello y viviendo en democracia es que podemos entender el papel del Estado de derecho dando seguridad y estabilidad, buscando la equidad y la distribución racional de los recursos y permitiendo la realización humana de todos los ciudadanos”[10]


A seis años de este valioso informe, siguen pendiente de implementación gran parte de las cuatro reformas institucionales propuesta por la CVR y que a continuación recordamos:

A. Recomendaciones para lograr la presencia de la autoridad democrática y de los servicios del Estado en todo el territorio, recogiendo y respetando la organización popular, las identidades locales y la diversidad cultural, y promoviendo la participación ciudadana.

B. Recomendaciones para afianzar una institucionalidad democrática, basada en el liderazgo del poder político, para la defensa nacional y el mantenimiento del orden interno.

C. Recomendaciones para la reforma del sistema de administración de justicia, para que cumpla efectivamente su papel de defensor de los derechos ciudadanos y el orden constitucional.

D. Recomendaciones para la elaboración de una reforma que asegure una educación de calidad que promueva valores democráticos —el respeto a los derechos humanos, el respeto a las diferencias, la valoración del pluralismo y la diversidad cultural— y visiones actualizadas y complejas de la realidad peruana, especialmente en las zonas rurales”


La CVR también señaló que “el Estado debe ser instrumento y promotor del desarrollo, pero, ciertamente no puede reemplazar la voluntad de la sociedad para salir adelante. Con miras a la reconciliación, el Estado peruano debe concentrar sus esfuerzos en tres puntos importantes: primero, que el Estado se construya con la participación más amplia de la ciudadanía; segundo, que se descentralice; y, tercero, que apoye sistemáticamente la lucha contra la pobreza” [11].


Como bien dice Augusto Castro en su obra citada “la propuesta de la CVR considera que para que no se reproduzcan los hechos trágicos que vivió el país –que muestran con toda claridad la ausencia y la debilidad del Estado- se hace menester, primero, contar con instrumentos legales y políticos que ayuden al ejercicio de gobierno y segundo, con reformas de fondo de la estructura del Estado en el Perú. Las reformas institucionales son propuestas para garantizar la gobernabilidad del país y para evitar la violencia, el conflicto armado interno y el desgobierno” [12]
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¿Es esta propuesta viable?, respondemos tomando prestada una reflexión de Sinesio López, él se pregunta “¿Se puede construir un Estado de todos? Este es un amplio y profundo debate. Desde la perspectiva académica clásica que ve al Estado como sistema de dominación social institucionalizada (Marx, Weber y otros) que se canaliza a través de la ley, la coerción, la burocracia es difícil, sino imposible organizar un Estado para todos.


Pero en otra perspectiva académica (Theda Sckopol), teóricamente sólida, el Estado puede ser autónomo con respecto a las clases dominantes privilegiadas y a otros Estados si:

. cuenta con un cuerpo calificado de funcionarios,

. si las instituciones estatales son eficaces,

. si el sistema legal ofrece efectivamente a todos los ciudadanos
tanto igualdad ante la ley como igualdad de oportunidades,

. si el Estado domina en todo el territorio

. y si tiene la adecuada presión tributaria para atender las
necesidades sociales.

A todo ello puede contribuir una reforma del Estado bien pensada y mejor diseñada”[13]
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[1] ) La República 29 de julio del 2009.

[2] ) Cf. Desco, Resumen Semanal Año XXXII - Nº 1550 (29 de julio al 4 de agosto del 2009) p.12.

[3] ) “Registro de los Núcleos Ejecutores ha cargo de la PCM, Reglamento dejó fuera a FONCODES” en El Comercio, domingo 23 de agosto de 2009.

[4] ) En “Salarios y Desigualdad en América Latina y el Perú” en Perú Hoy. Del Hortelano su Perro. Sin Espacio ni Tiempo Histórico (Lima, Desco, 2009) p.215.

[5] ) “El gobierno de Alan García de la A a la Z” en Ideele n. 194/2009 p.7.

[6] ) “¿Sabía usted que… en 1.000 días de gobierno” Ideele n. 194/2009 p. 22.

[7] ) “Cifras contradictorias en reconstrucción del Sur” en Perú 21 del 18 de agosto del 2009.

[8]) La Primera 3 de agosto del 2009.

[9] ) “El sur no merece esas autoridades”, La República 20 de agosto del 2009.

[10] ) El Desafío de las Diferencias. Reflexiones sobre el Estado moderno en el Perú (Lima, CEP-Universidad Ruiz de Montoya-IBC, 2008) pp. 368 y 428.

[11] ) CVR Informe Final Tomo IX p.123 y 98.

[12] ) A. Castro op.cit. p. 430

[13] ) “Un Estado para todos” en La República, 16 de noviembre del 2007.

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