Análisis de coyuntura - Marzo 2011 - Pilar Arroyo

Lima, 15 de marzo del 2011

ALGUNAS REFLEXIONES SOBRE EL CONTEXTO ELECTORAL


Pilar Arroyo R.P.
Instituto Bartolomé de Las Casas

I.- EN LO ECONÓMICO

            En el actual proceso electoral, tanto en los Programas de Gobierno, como en las intervenciones de los candidatos, se han hecho evidente dos visiones sobre la economía del país.

LA VISION OPTIMISTA. Esta mirada destaca:

1.- El excelente desempeño de nuestra economía, que se refleja en una década de alto crecimiento económico. Para ello nos recuerdan que ésta creció de forma importante entre el 2001 y el 2008, año en que el Producto Bruto Interno (PBI) creció a una tasa de 9.8%.  Y que luego del mal desempeño del 2009 (0.9% de crecimiento del PBI) hemos retomado la senda del crecimiento, habiendo alcanzado una tasa de 8.7 durante el 2010.  También nos dicen que este año también crecemos.

2.- El aumento del consumo. Esta mirada también  destaca la apertura de grandes centros comerciales en varias regiones del país. Y el hecho de que bienes tradicionalmente identificados con la clase media hoy estén a disposición de las mayorías: autos, departamentos, celulares, electrodomésticos etc. Este mayor consumo, dicen, prueba que la gente dispone de más recursos, y que, por tanto, hay una cierta distribución de los frutos del crecimiento.

3.- En este enfoque también se hace alusión, en forma importante, a los logros conseguidos en la disminución de la pobreza, la cual sitúan actualmente en un 30% de la población (aunque la cifra oficial del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) es del 34.8).

4.- Por último nos dicen que todo lo anterior ha posibilitado un cambio en la estructura de clase en el país. La anterior era tipo triángulo: una ínfima minoría de clase alta, con una reducida clase media, y un inmenso sector popular. Hoy señalan, eso ha cambiado y más bien la estructura es tipo rombo: se ha ensanchado la clase alta, pero aún más la clase media y se ha reducido el sector popular. 

            Por ejemplo, Juan Carlos Vallejo, gerente general de Interseguro señala que: “entre el 2003 y hoy los niveles socioeconómicos A, B y C pasaron de ser 43% a 60%”[1]. Esto es muy importante, pues William Easterly (economista de la Universidad de Nueva York) ha demostrado que la existencia de una clase media nutrida y relativamente próspera tiene una significativa correlación con el crecimiento a largo plazo.[2] Además, un estrato medio abundante implica un menor grado de desigualdad y una mayor estabilidad política.

            Por todo ello concluyen que la forma de organizar la economía del país desde 1990 está demostrando frutos satisfactorios y por ello hay que continuar en el mismo rumbo. Esta visión es mayoritaria en los medios de comunicación, en las esferas gubernamentales, a nivel de los principales representantes del poder económico, y también en la mayoría de los candidatos a la Presidencia de la República. Un sector eclesial, ligado al Opus Dei, también la comparte.

LA MIRADA CRITICA

            Sin embargo, hay otro sector que señala lo siguiente:

1.- Es cierto que hay crecimiento, pero eso se debe fundamentalmente a factores externos. China e India crecen a pasos agigantados. Tienen gran población (1,300 y 1,100 millones de habitantes respectivamente), pero no suficientes recursos naturales. Por ello, se han lanzado a zonas que sí los tienen, como África y América del Sur.  Ello ha determinado la importante alza en el precio de los mismos.

            En nuestro caso, el Perú ocupa el octavo lugar, entre más de 200 países en el mundo, en cuanto a riqueza y diversidad de recursos minerales y es fundamentalmente el alto precio de los mismos lo que explica nuestro actual crecimiento, como lo demuestra el siguiente cuadro:

Mineral
Ranking Mundial
Unidad de Medida
Precio año                        2000
Precio febrero
       2011
Plata
1o  productor
onza
US$    5.00
 US$      30.66
Cobre
2o  productor
libra
         82.26
            448.04
Oro
5o  productor
onza
       279.03
         1,369.06
Elaboración propia, datos tomados de: Cooperación Actualidad Minera n. 142, febrero 2011.

            Prueba de ello es que cuando el 2009 se detuvo la producción mundial, por la crisis, nuestro crecimiento fue casi cero.  Este tipo de crecimiento, agregan, nos hace sumamente vulnerables de los vaivenes externos y no asegura nuestro crecimiento a mediano y largo plazo. Lo que hay que hacer, por tanto, es introducir cambios tributarios para captar una mayor parte de la renta de los recursos naturales y así aprovechar la actual bonanza para impulsar el desarrollo del país. Estamos en condiciones de hacerlo, pues el ser octavos en el ranking mundial nos da una gran capacidad de negociación. Pero también porque otros países ya lo han hecho sin que las grandes empresas les hayan hecho mucho problema, pues con los precios actualmente su margen de rentabilidad es muy grande. Es el caso de Chile, Canadá,  etc.

2.-  Hay efectivamente un aumento del consumo, pero más que debido a que ha comenzado la distribución ello se explica por otras razones. La primera, que el desarrollo de China e India ha disminuido el precio de una serie de productos que antes estaban sólo al alcance de la clase media. Por ejemplo, cuando recién fue posible ver cine en casa, el electrodoméstico llamado VHS  no bajaba de US$ 300, que en ese entonces, a un tipo de cambio de 3.50 x dólar, significaba S/. 1,050, totalmente fuera del alcance de los bolsillos populares.  Hoy su equivalente (DVD) puede encontrarse desde 80 soles. Similar caso es el de los celulares, antes un artículo de lujo, hoy al alcance de todos los niveles socio económicos.

            Además, desde la segunda mitad del gobierno de Toledo el sector popular tiene acceso al crédito. Antes no merecía sino el desprecio de la banca. Hoy la banca los persigue (hasta los acosa) para darles crédito y aunque mucho de este crédito viene a tasas realmente usureras el efecto inmediato ha sido aumentar su capacidad adquisitiva.

            Por último señalan que, lamentablemente, parte de este mayor consumo es posible porque hay un sector de la población que ante la imposibilidad de encontrar empleo legal (pues el actual modelo no lo genera en cantidades adecuadas) ha optado por trabajar en actividades ligadas al crimen organizado, como son el narcotráfico, el contrabando y otras más.

            Ernesto de la Jara señala que “cada vez hay más sectores de la población trabajando ya no en la informalidad sino en actividades ilícitas.  Ellas comprenden, por ejemplo, manejar un vehículo de transporte público por la ciudad o interprovincial que, de manera evidente, no reúne las mínimas condiciones técnicas; la minería informal; la siembra de coca (gran parte para el narcotráfico); la prostitución infantil y la trata de personas; la venta de bienes producto del contrabando; la comercialización de objetos y servicios “bamba”[3].

            Ya el economista Jurgen Schuldt había señalado esta tendencia en el año 2004. El señalaba que “contingentes cada vez mayores de la población “justifican” las actividades ilegales, mendicantes y criminales para poder sobrevivir y que, en la práctica, se convierten en válvulas de oxigenación colectiva”[4].

3.- En cuanto a la disminución de la pobreza, este sector tiene tres observaciones:

a.- Nos recuerdan que existen tres tipo de mediciones de la misma: el de línea de pobreza o pobreza monetaria (PM), el de  necesidades básicas insatisfechas (NBI) y el de déficit calórico. En el método de línea de pobreza, los pobres son aquellas personas cuyo gasto es equivalente a US$ 2.- diarios  En cambio, los pobres extremos son  aquellas personas cuyo ingreso es de US$ 1 diario; esto se calcula en Paridad de Poder Adquisitivo, medida que resulta de convertir el Producto Bruto Interno per capita a dólares internacionales. El supuesto es que ese dólar permite  adquirir la misma cantidad de bienes y servicios en el mercado nacional y en el resto del mundo.

            En el método de necesidades básicas insatisfechas (NBI) se considera las condiciones físicas adecuadas de la vivienda, el nivel de hacinamiento, el acceso a servicios básicos e infraestructura, la asistencia a la escuela y el grado de dependencia económica en el hogar. Y en el déficit calórico (DC) lo que se mide es si la persona tiene acceso a la cantidad de alimentos mínimos requeridos, de acuerdo a especificaciones de la Organización Mundial de la Salud.

            Para ellos, una adecuada medición debe considerar los tres factores. Así lo han hecho  F. Arnillas (Presidente de la Mesa de Concertación de Lucha contra la Pobreza –MCLP-) y Nilton Quiñones. Ellos señalan que “Cuando ampliamos y combinamos las miradas para tener una visión más integral de la situación, lo que podemos observar es que solo alrededor del 39% ó 40% de la población puede ser considerada “incluida” en el sentido de que no sufre carencias o situaciones de privación asociadas a la existencia de necesidades básicas insatisfechas, gasto monetario por debajo de la línea de pobreza y/o DC (inseguridad alimentaria). Por el contrario, el 60% o 61% restante se encuentra con algún grado de privación o inseguridad, por lo que en el fondo se le hace difícil aceptar las cifras con las que habitualmente se mide la pobreza”[5].

b.- En segundo lugar, este sector tiene un fuerte cuestionamiento a la veracidad y transparencia de los datos que nos entrega el INEI, pues dicha institución no proporciona todo el material que permita a investigadores independientes corroborar sus cifras. Uno de los principales críticos es el economista Farid Matuk, responsable del INEI durante los gobiernos de Paniagua y Toledo.

c.- Y en tercer lugar señalan que la afirmación gubernamental de que la pobreza ha disminuido cerca de 20 puntos (de 48 a 30) se debe en gran parte a Programas Sociales de Alivio de la Pobreza tipo Juntos o reparto de alimentos. Pero que si a esas personas se les corta el acceso a  los programas sociales volverían a caer en la pobreza. Es decir, no son soluciones sostenibles en un mediano o largo plazo; como sí lo es por ejemplo el caso de Sierra Productiva.

            Como es de conocimiento público esta propuesta, impulsada por Carlos Paredes, del Partido Descentralista Fuerza Social, se basa en la utilización de las mismas potencialidades del campesinado y la incorporación de 18 tecnologías (adaptadas a la sierra peruana) que les permite a los mismos dar inmensos saltos en productividad y eficiencia[6].  El economista Pedro Francke afirma que: “Con 600 soles para el riego y otros 500 para semillas mejoradas, los campesinos pasan de tener tierras en secano a riego con hortalizas todo el año y multiplicando sus pastos y su producción de carne y leche entre 5 y 15 veces, los que a su vez pueden transformar en yogures, quesos, etc. Para un millón de familias campesinas estamos hablando de 1,100 millones de soles para el paquete básico, equivalente a un 5% de las ganancias del capital extranjero en el Perú en un año. Es perfectamente posible, y estamos hablando de inversiones que tienen un efecto permanente sobre los ingresos y la calidad de vida, no de un gasto corriente”[7].

4.- Por último, en cuanto al cambio en la estructura de clases este sector coincide con un reciente estudio de la OECD (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico) que señala que: “estos grupos son económicamente vulnerables: pocos de sus integrantes cuentan con títulos universitarios y muchos trabajan informalmente (…)          ¡Se trata de una “clase media” que no es exactamente igual a la que se convirtió en motor de desarrollo en numerosos países de la OCDE (…) si quienes se hallan en el medio de la escala tienen ingresos precarios y empleos inestables, no podrá contarse con su consumo para alentar el desarrollo nacional, no podrá considerarse su crecimiento como signo de progreso social, y sus tendencias políticas podrían virar hacia opciones populistas no necesariamente garantes de una correcta gestión económica[8]
                                                                       . . .

            Diversos analistas sostienen que en estas elecciones “la verdadera agenda en juego es mantener la hegemonía política neoliberal de las dos últimas décadas”[9]. Y para ello se nos quiere convencer de que todos podemos ser empresarios, si somos populares emprendedores.  Sin embargo, Francisco Durand sostiene que: “Estas teorías neoliberales del emprendimiento ocultan la cruda realidad de una economía dominada por oligopolios, crecientemente desnacionalizada, y políticas de Estado que no conducen a una transformación basada en el conocimiento y las tecnologías desarrolladas localmente”[10].
            Nos parece que los que están por la continuidad de la política económica actual no toman en cuenta algo que señala el economista José Távara, “Las nuevas ideas del progreso en economía parten de reconocer los límites de los modelos de crecimiento que degradan el medio ambiente, reproducen las desigualdades, reducen la calidad de vida de las generaciones actuales y amenazan la sobrevivencia de generaciones futuras. Desde esta perspectiva, el progreso no es sinónimo de crecimiento, sino que más bien exige innovar y reorientar nuestra civilización, adoptando nuevas tecnologías y patrones de consumo, a fin de elevar la calidad de vida de todas las personas”[11].
                                                           


II.- EN LO SOCIAL


1.- En lo que sí hay coincidencia entre las dos miradas es que la bonanza económica de nuestro país no se ha visto reflejada en la mejora de las condiciones de educación y salud de la población.

            En educación sabemos que el principal problema sigue siendo la calidad. El gobierno actual ha tratado de enfrentar el tema a través de su propuesta de la carrera pública magisterial (CPM). Lamentablemente lo mal implementada y la corrupción que la ha rondado desde sus inicios (con la venta de los resultados de los exámenes) no han ayudado a avanzar en el objetivo de mejorar la calidad educativa. Felizmente el tema educación ha entrado con fuerza en la campaña electoral, forzando a los candidatos a plantear propuestas al respecto.

            En el caso de salud la falta de acceso de un importante sector de la población (casi 25% de la misma) y el alto costo de los medicamentos  son considerados como los dos principales problemas a afrontar. Sin embargo el tema no ha logrado captar la atención de los candidatos. En la reunión anual de Ejecutivos de CADE 2010 Luis Cordero  señaló que comparativamente con otros países. En el Perú el promedio del gasto por episodio es mucho mayor y que “el 43% del gasto es para medicamentos, en contraste con el 15% en otros países” Y también que hay un “desencuentro entre las necesidades de salud de la población y las respuestas del Estado”[12]

2.- Y también hay coincidencia en el aumento de la inseguridad ciudadana. Como sabemos dicha inseguridad tiene tres fuentes principales:

a.- El aumento de la delincuencia. Incluso con nuevas modalidades, como la extorsión que azota a las regiones de Lambayeque y La Libertad y al sector Construcción en Lima.  Julio Carrión y Patricia Zárate afirman que: “el Perú ocupa en 2010 el primer lugar entre todos los países encuestados en términos de la victimización por delincuencia (…) la percepción de inseguridad personal en el Perú es la más alta entre todos los países encuestados en 2010”[13]. Esta situación indica que el estado peruano está incumpliendo su deber de protección del derecho a la vida, a la integridad física, a la libertad y la seguridad personales y al disfrute pacífico de los bienes.[14]

            En el contexto electoral varios candidatos buscan granjearse la simpatía del electorado empujando un enfoque meramente represivo para controlar el indudable aumento de la delincuencia. Aquí se sitúan por ejemplo Keiko Fujimori, Luis Castañeda y Alan García. Y últimamente Ollanta Humala.

b) Pero también de la economía no informal, sino delincuencial. Constituida tanto por el cultivo ilegal de coca para convertirlo en droga, las actividades de contrabando, etc. Ricardo Soberón señala que: “Las evidencias indican que existe mucho dinero de origen dudoso circulando en la economía nacional (entre US$ 3,000 y US$ 5,000, millones, Macroconsult 2009). Actividades como la construcción, el turismo, los juegos de azar, o algunas actividades de exportación/importación, son los canales perfectos” [15]

c) Y la permanencia de rezagos de Sendero Luminoso.         El gobierno decidió en el 2008 acabar con ellos. Encargó dicha tarea a la Policía Nacional en el Huallaga (Región San Martín) y a las Fuerzas Armadas en el VRAE (Valle del Río Apurímac-Ene, Regiones de Apurímac, Ayacucho y Junín). En el Huallaga la policía ha hecho relativamente bien su trabajo. La facción acuerdista se encuentra muy diezmada y a la defensiva, A fines de año se detuvo a una serie de dirigentes cocaleros que coordinaban con su líder Artemio. Dichos dirigentes aducen que no tenían otra alternativa porque si no el líder Artemio los mandaba matar. Se habla de que cuenta con un máximo de 50 combatientes.  

            En cambio en el VRAE encontramos un Sendero fortalecido, a la ofensiva, y en plena expansión (hacia el Alto Huallaga y La Convención (Cusco)), sin ninguna baja o detención importante durante la Operación Excelencia (2008-2009), que más bien ha ocasionado la muerte de cerca de 40 efectivos de las Fuerzas Armadas. Aquí existen entre 200 y 500 combatientes que apuestan por una victoria militar bajo mando de José[16].


3.- Y también destacan la altísima  conflictividad social que nos caracteriza

            En cuanto a esta conflictividad, Carrión y Zárate señalan que una de las razones es “la creciente desafección de la población rural hacia las actividades de las industrias extractivas, las cuales son vistas como incompatibles con la agricultura, la ganadería y la recolección que sustentan sus principales ingresos económicos privados. A esto habría que agregar que esta percepción de incompatibilidad suele ser sustentada no sólo en términos económicos sino también en términos culturales por las poblaciones locales (quienes, en muchos casos, hablan otro idioma y se distinguen de las poblaciones mestizas y blancas).

            El segundo proceso-clave para entender la conflictividad social del Perú es reconocer que si bien muchas poblaciones en todo el país no son renuentes a la inversión privada en sus localidades, condicionan su presencia a la justa redistribución de la riqueza generada con la extracción de los recursos. Así, las demandas por recursos públicos (tanto por recibirlos como bienes públicos como por gestionarlos) y por recursos privados (a través de bienes otorgados por empresas extractivas) explican muchas de las causas y las expresiones de la conflictividad social actual[17]

4.- Un gran malestar recorre el país

            Esto ha sido corroborado por diversas encuestas nacionales: Ipsos-Apoyo, Imasen, PUC, Analistas y Consultores y Datum. Y también por dos estudios comparativos de la región: Latinobarómetro 2010 y Barómetro de las Américas de la universidad norteamericana de Vanderbilt. Ellas nos hablan de que entre un 70 a 80% de la población nacional está descontenta por la forma como está organizada la economía del país y pide cambios. La mitad de ellos cambios radicales, la otra mitad ajustes. Sin embargo, encontramos dos tipos de explicación sobre este malestar. Para algunos, el malestar es debido a tres razones:

a.- La población está desinformada de los importantes avances que ha tenido el país en la última década. Por ello, plantean una fuerte inversión en propaganda en los medios de comunicación para darlos a conocer. De allí el énfasis puesto en el último tiempo tanto por el gobierno como por los sectores empresariales al respecto.

2.- El malestar es fruto de la existencia de agitadores que quieren frustrar el desarrollo del país y su ingreso al primer mundo. Es por ello que durante el 2010 continuó la “atmósfera de acoso y enfrentamiento con las organizaciones que defienden los derechos humanos, los derechos laborales y el medio ambiente”[18] Miembros de la Iglesia incluidos, los casos más notorios fueron el intento de expulsión del hermano Paul en Iquitos, el intento de condena y expulsión del P. Bartolini en Yurimaguas y los ataques a Monseñor Barreto en La Oroya.  Fruto de esta mirada es también el hecho de que  tantos dirigentes sociales (algunos hablan de más de mil) actualmente estén con procesos judiciales abiertos por haber participado en protestas populares.  Y a este tipo de mirada responden también las normas legales que permiten y alientan a la Policía Nacional y a las Fuerzas Armadas a usar sus armas de fuego para controlar las protestas sociales .

3.- Para Alan García, el problema está en la subjetividad de los peruanos. Para él el Perú “es una sociedad que tiene elementos psicológicos de derrotismo un poco mayores que los que puedan tener los brasileños, que tienen más sol, más componente negro y alegría que nosotros los andinos.  Somos un país andino, esencialmente triste, no somos un país alegre como Brasil o como los colombianos que son hiperactivos, tienen esa mezcla de español del norte, vascongado y catalán y mayor componente negro, y un poco de antropófago primitivo, hiperactivos y tienen más sol, tienen Caribe (....) Ciertamente, nosotros somos tristes y aquí todo está mal siempre. Yo estoy seguro de que hemos hecho bastantes cosas a favor de los pobres como las hace mi amigo Lula, pero Lula tiene 70%”[19].

            El supuesto de estas tres explicaciones es que no hay realmente problemas serios, lo que hay es gente problemática. Unos por desinformados, otros por agitadores y otros por depresivos crónicos.


            EN CAMBIO, hay otros que explican este malestar por cuatro razones:

1.- La ausencia de una distribución adecuada de los frutos del crecimiento. Recordemos que la distribución se da por diversas vías: a través del aumento de los ingresos de los trabajadores y también a través del aumento de la cantidad de empleo.  Por otro lado, el ingreso tributario (impuestos) que recibe el estado es otro canal redistributivo importante. Ello posibilita el mejoramiento de los servicios que el estado proporciona a la población: salud, educación, agua potable, saneamiento, nutrición etc.  Otra forma es mediante la mejora de la infraestructura: puentes, caminos, acueductos, etc.  Y también vía políticas que permitan el desarrollo de los sectores productivos que crean más empleo.

2.- El gran descuido del medio ambiente que este tipo de política conlleva. Los de la ONG Servicios Educativos Rurales (SER) señalan que ello ha provocado un: “nuevo ciclo de vulneraciones de los derechos individuales y colectivos producto de las políticas de promoción de la gran inversión, que afectan de manera particular a los pueblos indígenas andinos y amazónicos, así como a quienes viven en los sectores rurales”.[20].  Esta mirada nos recuerda que no es casual que la Defensoría del Pueblo señale que el 48% de conflictos son de tipo socio-ambiental, debido a que no existe una real preocupación por el cuidado del medio ambiente, ni por afrontar las amenazas del cambio climático Esto es muy claro en el caso de la Amazonía.  Allí se prefiere que sea proveedora de recursos naturales extractivos como minería, hidrocarburos o madera y no que sea proveedora de bienes más valiosos en el contexto actual mundial como agua, reguladora del clima y reducidora de gases efecto invernadero.

3.- La creciente inseguridad ciudadana. Hace buen tiempo que el tema de la inseguridad se ha convertido en la principal preocupación de la población, incluso desplazando al tema del empleo. David Lobatón y Enrique Arias afirman que esa preocupación tiene una base real, pues  comparando los resultados del 2005 con los resultados del 2010 “el Presidente García nos dejará un país más inseguro que el que recibió”[21].

4.- La corrupción. Según el estudio de Carrión y Zárate: “En relación con la percepción de corrupción entre los funcionarios públicos, el Perú ocupa el tercer lugar más alto en la región en los promedios de esta percepción, y también ocupa el tercer lugar más alto en términos de la victimización de corrupción, con un 32% de los entrevistados declarando que ha sido víctima de por lo menos un acto de corrupción”[22].
            Vemos pues que en esta otra mirada lo central no son personas problemáticas, sino que existen problemas reales que no están siendo atendidos y son las causas que explican el generalizado malestar que recorre el país.

                                                           
III.- EN LO POLITICO

            Nos preocupan dos asuntos puestos en evidencia  en la actual campaña electoral, que también estuvieron presentes durante las elecciones del 2010.

1.- La discriminación y parcialización de los medios y las encuestadoras

            Para los medios de comunicación de circulación nacional y para las encuestadoras pareciera que sólo hay cinco candidatos a la presidencia: Castañeda, Fujimori, Humala, Kuczynski y Toledo. Toda su cobertura está centrada en ellos, ignorando olímpicamente al resto. Esto atenta contra nuestro derecho a tener una información plural y veraz. Esto es muy serio, pues como lo constata el interesante estudio del Jurado Nacional de Elecciones de agosto del año pasado: “Los medios de comunicación masiva, (especialmente la televisión y la radio) y la familia son los principales influenciadores en el  voto”[23]

        Lamentablemente en nuestro país se da plenamente lo que señala Manuel Castells: “La creciente in­fluencia de las empresas del sector de los medios de información y co­municación sobre las instituciones públicas reguladoras puede poner la revolución de las comunicaciones al servicio de los intereses empresaria­les”[24].  Es por eso que en nuestros procesos electorales los candidatos no tienen igual acceso a los medios, pues, como señala el sociólogo Sinesio López: “Los medios juegan su propio partido en la actual campaña electoral. Más allá de su aparente pluralismo, cada uno de ellos tiene su propio corazoncito (…) Los diarios de la ultraderecha (Correo, Expreso, La Razón), por ejemplo, destilan en todas sus páginas odios y antipatías viscerales contra Toledo y Ollanta (…) su corazoncito late desesperadamente por Castañeda y Fujimori y, de vez en cuando, por PPK”[25].
        El comportamiento de los medios y las encuestadoras atenta contra nuestro derecho a tener una información plural y veraz para poder ejercer plenamente nuestro derecho ciudadano a un voto informado. Como dice S. López: “el desigual acceso a los medios de los candidatos y los ciudadanos constituye un déficit político que afecta la legitimidad de los regimenes democráticos”[26]
        Ya es tiempo que, al igual que otros países, se den normas para asegurar una real equidad, igualdad de oportunidades, en la contienda electoral. Por ejemplo, en México, Brasil y Chile está prohibida la propaganda política pagada durante los procesos electorales. La presencia de los candidatos en los medios se da a través de la llamada “franja electoral”, lo que garantiza igualdad de oportunidades para todos. Como bien señala el sociólogo Alberto Adrianzén ello apunta a impedir que “sea el dinero el que defina la cantidad de propaganda y por quién se debe votar. En realidad, es un mecanismo de protección de la democracia, ya que busca limitar la influencia de los lobbies, de los grandes grupos económicos y hasta del narcotráfico en la elección de los candidatos”[27].  Pero, además, como apunta el sociólogo Nicolás Lynch: “la prohibición de la propaganda televisiva ahorraría aproximadamente el 80% del costo de las campañas y abarataría tremendamente la actividad política, además de acercarla a los que menos tienen”[28].        

2.-  La urgencia de poner en vigencia la ley de financiamiento de los partidos

            Augusto Álvarez Rodrich dice que:Esta elección será recordada por muchos escándalos pero ninguno tan perjudicial para la democracia como la oscuridad en el origen del dinero que financia las campañas electorales, lo cual ha vuelto a ser confirmado -como si esto hiciera falta- por la ONPE [Oficina Nacional de Procesos Electorales]”[29].

            La Ley de Partidos Políticos (No 28094, octubre del 2003) señalaba que  a partir del 2007 (como se estila en Europa y en muchos países de América Latina) el estado financiaría a los partidos de acuerdo a la votación que obtengan. Es decir, serían los ciudadanos los que, con nuestro voto, decidiríamos qué partidos financiar. Con ello se buscaba dar mayor autonomía a las autoridades y gobiernos que elijamos, para que sus decisiones no dependan de favores por pagar. Lamentablemente el Presidente García demagógicamente incumplió la ley.

            El resultado lo hemos visto claramente en los procesos electorales del 2010 y el actual: ha habido varios casos de candidatos donde el dinero del narcotráfico está presente. En otros la financiación es generosamente aportada por empresas mineras y en otros por empresas constructoras peruanas y brasileras. Estas últimas, como bien señala Álvarez Rodrich “ejecutan gran parte de la obra pública en el país”.  El problema con todo ello es que es bien conocido que luego pasaran la factura, que siempre terminamos pagando los ciudadanos, produciendo lo que Álvarez Rodrich llama “ventanas de oportunidad para la corrupción en el Perú”[30]

            Y agrega que este dinero: “se convierte en hipotecas que serán cobradas, con creces, mediante decisiones de gobierno que, en lugar de beneficiar el interés común, servirán a fines privados, incluyendo algunos ilegales como el narcotráfico. Si, como es obvio, la democracia cuesta y nos conviene a todos tenerla sólida, mejor la pagamos los contribuyentes, de manera ordenada, antes de que sean intereses privados los que paguen la cuenta pues, en ese caso, la camisa nos sale más cara que la lavada”[31].



[1] ) Citado por Vanesa Reaño M. “el buen servicio lo traigo yo” en Perú Económico (diciembre 2010) p.39.

[2] ) Easterly, W. (2001), “The middle class consensus and economic development”, Journal of Economic Growth, vol. 6(4) pp. 317-335.
[3] ) 4 ½ (García) = -10 en Revista Idéele n. 204 (2010) p. 22.

[4] ) J.Schuldt Bonanza macroeconómica y malestar microeconómico (Lima, Universidad del Pacífico, 2004) p.323.
[5] ) F.Arnillas, N. Quiñones “Pobreza, Inclusión, Exclusión. Hacia un índice de la Inclusión Social” en CISEPA (PUC) Coyuntura año 5 n. 26 (setiembre-octubre 2009) p.10.
[6] ) Una información completa sobre este programa se puede encontrar en http://www.sierraproductiva.org/

[7] ) “Buscando alternativas a la Pobreza Rural” en  Domingo, suplemento de La República, 2 de enero del 2011.

[8] ) Cf. Perspectivas Económicas de América Latina 2011. En qué medida es Clase Media América Latina” pp.4, 20 y 60.

[9] ) Enrique Fernández-Maldonado Mujica. “La izquierda en su laberinto” en Quehacer n. 180 (octubre-diciembre 2010) p.32.

[10] ) “El emprendedurismo: más allá de la ideología” en Quehacer n. 180 (octubre-diciembre 2010) p.38.

[11] ) “La idea de progreso en el debate político” en La República16 de setiembre del 2010.

[12] ) Centro para la Competitividad y el Desarrollo de la Universidad San Martín de Porres “Políticas Económicas y Sociales: Salud” Power Point, (Cusco, noviembre 2010) láminas 8 y 58.

[13] ) Julio F. Carrión. Patricia Zárate. Mitchell A. Seligson, Ph.D., Cultura política de la democracia en Perú, 2010 Consolidación democrática en las Américas en tiempos difíciles (Lima. Lapop-IEP-Vandervilt University-Delaware University,2010) pp.29-30.

[14]) Cf. Comisión Interamericana de Derechos Humanos –CIDH- (Organización de Estados Americanos)        Informe sobre Seguridad Ciudadana y Derechos Humanos (CIDH, diciembre 2009)pp.230-231. Disponible en  http://www.cidh.org

[15] ) Ricardo Soberón “Narcotráfico: La política del Abandono”  en Revista Idéele n. 204 (2010) p.61.

[16] ) Cf. PowerPoint “Seguridad” preparado para la reunión de CADE 2010 por el Centro para la Competitividad y el Desarrollo de la Universidad San Martín de Porres.

[17] ) Julio F. Carrión. Patricia Zárate op.cit. pp. 223-224.

[18] ) Ronald Gamarra (Ex Secretario Ejecutivo de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos) “Un Quinquenio Reaccionario” en Revista Ideele p.55.
[19] ) Alan García, citado en Augusto Alvarez Rodrich “Frases para la histeria. Algunos comentarios ingeniosos del año 2010” La República 25 de diciembre del 2010.

[20] ) Editorial de Noticias Ser.pe del 12 de enero del 2011.

[21]) Cf. David Lovatón, Enrique Arias Informe Anual 2010 sobre Seguridad Ciudadana. El legado del gobierno de Alan García: Un país más inseguro (Lima, IDL, 2010) p. 7

[22] ) op.cit. p. 29.

[23]) Jurado Nacional de Elecciones Perfil del Elector. Se puede consultar en  http://www.votoinformado.pe/perfildelelectorperuano/

[24] ) Manuel Castells, Comunicación y Poder (Madrid, Alianza Editorial, 2009) p.91.

[25] ) El corazoncito de los medios, en La República 11 d marzo del 2011.

[26] ) “Los medios y la competencia electoral” En La República, 9 de abril del 2010.

[27] ) “Medios y campaña electoral” en La República 10 de abril del 2010.

[28] )  “Los super electores de la televisión” en   La República 13 de abril del 2010.

[29] )   A ver …¿quién tira la primera piedra? Por el financiamiento público de los partidos políticos”, en La República 2 de marzo del 2011.

[30] ) “Ventanas de oportunidad. El financiamiento electoral produce corrupción” en La República, 10 de febrero del 2011.

[31] ) A ver …¿quién tira la primera piedra? Por el financiamiento público de los partidos políticos”, en La República, 2 de marzo del 2011.