Comunicado PQNSR 2004

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COMUNICADO
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Hace tres meses el país recibió el Informe Final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación que establece, a partir de un trabajo muy serio, lo acontecido durante el conflicto armado interno, donde la gran mayoría de los afectados fueron campesinos pobres, quechua hablantes y de zonas abandonadas por el Estado. Es una oportunidad histórica, que no podemos desperdiciar, para dejar de ser lo que hemos sido hasta ahora como país, para reconocer nuestra pluralidad étnica como una riqueza y nunca más como un motivo de discriminación y atropello.

Recientemente el Presidente de la República ha dado su respaldo a este Informe y ha planteado algunos lineamientos para el cumplimiento de sus recomendaciones. Queremos resaltar como gestos muy positivos principalmente el pedido de perdón a los afectados y el reconocimiento de algunas formas de reparación, el rechazo a la impunidad de las violaciones de los derechos humanos, la presentación de un Plan de Paz y Desarrollo y la conformación de una Comisión Multisectorial de Alto Nivel encargada del seguimiento de las recomendaciones del Informe.

Sin embargo, considerar como excesos violaciones de derechos humanos que en ciertos momentos y lugares fueron sistemáticas y generalizadas, atenúa las responsabilidades penales, éticas y políticas, resta importancia a las reformas institucionales planteadas y podría dificultar así la reconciliación.

La reconciliación supone un proceso que se inicia con la verdad, requiere justicia y reparación, y exige, que la exclusión que marca nuestra vida nacional sea superada, reconociendo efectivamente la ciudadanía plena de todos los peruanos y peruanas, para que no se repitan crímenes como los ocurridos en estos veinte años. Esto implica que el Estado asuma su deuda con las personas afectadas que esperan hace muchos años que se restablezcan sus derechos y se les garanticen las reparaciones integrales, simbólicas, materiales, colectivas e individuales correspondientes.
La magnitud del sufrimiento de las víctimas de la violencia y las abismales brechas que nos dividen como sociedad, plantean un imperativo ético para todos los ciudadanos e instituciones de nuestra patria: emprender ya, acciones eficaces de solidaridad con las personas y regiones afectadas.

Asimismo, consideramos necesaria e ineludible la inclusión de instituciones y personas de la sociedad civil en la Comisión Multisectorial de Alto Nivel, así como en la implementación del Plan de Paz y Desarrollo. Además de responder a un legítimo derecho ciudadano, esta participación fortalece el ejercicio de la democracia y la reconciliación entre el Estado y la sociedad.
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Lima, 30 de Noviembre del 2003
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Asociación Nacional de Centros; Centro de Estudios y Acción para la Paz; Centro de Estudios y Publicaciones; Concilio Nacional Evangélico del Perú; Conferencia de Religiosos del Perú; Conferencia Nacional sobre Desarrollo Social; Coordinadora Nacional de Derechos Humanos; Coordinadora Nacional de Radio; EDUCA; Instituto Bartolomé de Las Casas; Instituto Diálogo y Propuesta; Instituto Peruano de Educación para los Derechos Humanos y la Paz; Propuesta Ciudadana; Red Jubileo 2000; Taller de Derechos Humanos del IBC; Transparencia; Promotores de la Verdad... siguen instituciones.

Publicado en Peru21 Pág. 9
4 de diciembre de 2003

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