UN PARTO DE LOS MONTES por Rodrigo Montoya Rojas

Publicado en el Diario LaPrimera, Lima el 10 de enero 2010

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UN PARTO DE LOS MONTES:
Crítica del Informe de la “Comisión especial para investigar y analizar los sucesos de Bagua” 2008-2009
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Luego de tres meses y tres semanas de trabajo, lo que quedó de la “Comisión Especial para investigar y analizar los sucesos de Bagua”, entregó su informe el 28 de diciembre de 2009. No era una Comisión independiente del gobierno. La nombró el Ministro de Agricultura con tres representantes del Ejecutivo: el padre Ricardo Álvarez Lobo, Susana Pinilla Cisneros (ex ministra, antropóloga, asesora personal del presidente de la República) y Walter Gutiérrez Camacho; tres representantes de las Comunidades Nativas: Pilar Mazzetti Soler, (Ex ministra, Carmen Gómez Calleja, religiosa católica, y Jesús Manacés Valverde, indígena awajún, de la Asociación Inter étnica para el Desarrollo de la Selva, AIDESEP, y, finalmente, el sociólogo Manuel Bernales Alvarado, por los gobiernos regionales.

El representante indígena Jesús Manasés, que fue nombrado Presidente de la Comisión, con el voto unánime de todos sus miembros, y la religiosa Carmen Gómez se negaron a firmar el Informe final, presentaron juntos 43 observaciones, y anunciaron que pronto entregarán un informe alternativo. En su “voto singular”, el padre Ricardo Álvarez Lobo dejó constancia de su desacuerdo entre otras cosas con lo que el Informe dice sobre la responsabilidad del poder ejecutivo y la participación de las fuerzas policiales y el ejército en los sucesos del 5 de junio. Walter Gutiérrez, decano del colegio de Abogados de Lima, sólo asistió a una reunión de la Comisión y, luego, renunció. Es evidente que las discrepancias fueron mucho más importantes que los posibles acuerdos, y que se trata, de un fallido y lamentable informe que carece de legitimidad.

Se cuidó muy bien el gobierno en no designar formalmente una Comisión de la Verdad. La llamó, simplemente, “Comisión especial para investigar y analizar los sucesos de Bagua”. Su objetivo fue: "determinar las causas y consecuencias de orden socio-cultural, económicos, políticos y religiosos, que dieron origen a los sucesos del 5 de junio de 2009, en la provincia de Bagua, con fines de reconciliación” (p. 3). Dice el informe: “Esta Comisión decidió tomar en cuenta los principios de verdad, justicia y equidad para la investigación, independencia e imparcialidad en el trabajo, y de objetividad y exhaustividad recomendados por la mesa uno y el relator de las Naciones Unidas. Asimismo, concordamos que el informe final debía contener, de acuerdo a las sugerencia de la mesa uno, la narración de los hechos ocurridos, las motivaciones de los mismos, cómo y porqué ocurrieron, las consecuencias que acarrearon y las recomendaciones para el Estado y la Sociedad para que los hechos no se repitan…

“Respaldamos la preocupación por la justicia y la equidad social. Creemos en la verdad como un valor supremo” (p..86).

En alrededor de tres cuartas partes, el informe presenta “la metodología del trabajo de la comisión, la situación de los pueblos amazónicos en el contexto nacional y en el departamento de amazonas, el mundo awajún wampis, la narración de los sucesos del 5 junio 2009, la cronología nacional y regional antes de los sucesos de Bagua, la narración de los acontecimientos del 4 y 5 de junio en la curva del diablo, estación 6, Bagua y Utcubamba, y la cronología post acontecimientos hasta la formación de la comisión”. Consagran sólo 8 páginas a lo que llaman “análisis y esclarecimiento”, y 4 a sus recomendaciones. Como anexos figuran en tres páginas el voto singular del Padre Álvarez y en 8, las 43 observaciones de Jesús Manasés y Carmen Gómez.

Luego de una atenta lectura del Informe, lo primero que salta a la vista es su improvisación, descuido, y falta de reflexión. No hay en el Informe una bibliografía que dé cuenta de las fuentes estudiadas. Los cuatro miembros que quedaban pudieron haber decidido no entregar el informe porque la Comisión se desintegró de hecho y no tuvo consenso alguno, lamentar lo ocurrido, y recomendar que otra Comisión, de veras independiente, asuma la responsabilidad en otras condiciones. Decenas de páginas sobre cronologías varias e informaciones generales pueden ser útiles cuando sostienen y nutren el análisis y fundan las conclusiones. Lamentablemente, esto no ocurre en el caso del Informe que comento Mencionaré aquí un ejemplo para ilustrar lo que acabo de decir. En su sección sobre “el mundo awajún wampis”, encontramos los textos siguientes:

“El jíbaro amazónico defiende la naturaleza. La tierra es la única herencia que le va dejar a su linaje y ellos la seguirán conservando. Sabe que no se debe vender la tierra porque la tierra no pertenece al hombre, el hombre pertenece a la tierra. Uno de los propósitos del jíbaro es desarrollarse sin alterar el medio ambiente. Busca un vivir de calidad, un mejor vivir, busca el tajimat-pujut. Esa es la razón por la cual el amazónico maneja su bosque en forma racional y rotativa, pensando en la nueva generación y en asegurar la supervivencia de flora y fauna”. (Informe p.18).

. “Con el tiempo el movimiento indígena amazónico ha encontrado su propia voz y ya no necesita de intermediarios que hablen por ellos o le impongan una agenda” Inf. p. 22).

No es atrevido suponer que ambas citas corresponden a lo que el indígena awajún Jesús Manasés contó o escribió para la Comisión, o que se trata de aportes de personas que conocen muy bien el universo awajún, y que han entendido cabalmente la novedad política de la emergencia indígena en Perú y otros países de América Latina. Los textos figuran en el Informe pero sus firmantes no los toman en cuenta en sus conclusiones. Si así hubiera sido, el Informe debería establecer de modo transparente la primera responsabilidad del Sr. Alan García al imponer decretos leyes que contradicen la realidad vivida por los awajún. En repetidas oportunidades, los firmantes del Informe dijeron que su Comisión no tuvo el encargo de señalar responsabilidades ni hablar de culpables sino, simplemente, de ofrecer recomendaciones para que los sucesos de Bagua no se repitan, pero en abierta contradicción con esas declaraciones, responsabilizan de lo ocurrido a los indígenas, a las Ongs, a parlamentarios del Partido nacionalista, a la Iglesia de la región, al SUTEP, (p.79) y presentan a los indígenas como personas débiles e influenciables.

Al gobierno le atribuyen “La ausencia de un proceso de diálogo y una adecuada explicación e información a la población indígena sobre el contenido de las normas y sus implicancias en ausencia de un mecanismo y metodología de consulta de acuerdo al Convenio 169 de la OIT y la Convención Internacional de Promoción y Protección de la Diversidad Cultural de la UNESCO”. (p. 78). Esta falta de comunicación, como responsabilidad mayor es el pequeño ratón en el parto de los montes que el Informe encierra.

En el informe no se dice en ninguna parte quién o quiénes dieron la orden de reprimir y cuándo; tampoco se pregunta por qué los jefes de la Policía y el Ejército presentes en Bagua el 4 de junio decidieron reprimir pese a que los dirigentes indígenas les informaron que al día siguiente regresarían a sus comunidades; y, quiénes y por qué decidieron que los policías rehenes en la Estación de bombeo número seis de Petro Perú quedarían sin protección mientras se producía la balacera en la Curva del Diablo. En el informe hay muchos testimonios de la ex ministra del Interior Mercedes Cabanillas y de los generales Muguruza y Uribe dando detalles sobre lo que ella y ellos llaman “cuestiones técnicas” y “especializadas” del operativo policial y los pequeños problemas de comunicación que también tuvieron entre ellos para que el destacamento del Ejército no llegase y para que abandonasen a su suerte a los policías rehenes.

Para los firmantes del Informe los únicos responsables de lo que pasó en Bagua serían los indígenas. Los jefes policiales y militares se limitan a repetir que cumplieron las órdenes, sin decir qué órdenes, ni quiénes las dieron. La señora Mercedes Cabanillas, entonces ministra del Interior, está convencida de que su responsabilidad fue sólo “política y no operativa” y que su renuncia al puesto de ministra, junto con el gabinete del que formaba parte, es su suficiente sacrificio personal. En otras palabras, que se juzgue sólo a los indígenas y que quienes entre ellos y ellas resulten responsables vayan a la cárcel. Esta es la leña que la Comisión agrega al fuego histórico de la violencia en el país, en abierta contradicción con sus buenos deseos de verdad, ética, justicia y equidad. La pretensión de subtitular el Informe “Para que nunca más vuelva a suceder”, tratando de copiar el original argentino, es una irresponsabilidad más.

Resulta fatal para esta “Comisión Especial para investigar y analizar los sucesos de Bagua” una inevitable comparación con lo fue el Informe Final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, CVR, sobre la violencia política peruana en los años 1980-2000. Intentar hacerlo, como era mi intención antes del leer aquel desvalido texto, supondría atribuirle una categoría que no tiene. Una larguísima y múltiple cronología de hechos y decretos oficiales, con un nivel analítico pobrísimo, una voluntad para contar lo que el gobierno quiere oír, y unas recomendaciones que parecen consejos de unas hermanitas de la caridad, no valen la pena.

En mis textos “Con los rostros Pintados “: tercera rebelión amazónica en Perú (agosto 2008-junio2009), 92 pp, que circula en Internet, e “Informe de la Comisión de la Verdad y Reconciliación: un doloroso espejo del Perú”, publicado en mi libro “Elogio de Antropología” (UNMSM, 2005), se encuentran otros argumentos que pueden ser útiles para entender mejor lo ocurrido en Bagua y lo que debe ser una Comisión en serio.
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Rodrigo Montoya Rojas
Diario LaPrimera, Lima el 10 de enero 2010

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