NO MÁS PERSECUCIÓN A DEFENSORES Y DEFENSORAS DE DERECHOS HUMANOS
El IDHUCA se solidariza con el Hermano Paul Michael John Thomas McAuley –presidente de la Red Ambiental Loretana de Perú– y condena la cancelación de su residencia ordenada por el Ministerio del Interior del país andino, el cual lo acusa de intervenir en política interna por su lucha contra la explotación petrolera y minera en la zona del Amazonas. El artículo primero de la Declaración sobre los Defensores de Derechos Humanos, adoptada por la Asamblea General de Naciones Unidas, reconoce el derecho de toda persona a “promover y procurar la protección y realización de los derechos humanos y las libertades fundamentales en los planos nacional e internacional”. Precisamente, eso hace el Hermano Paul.
La Amazonía peruana es de trascendental importancia para el mundo y constituye una de las principales regiones naturales de conservación. Cualquier daño que se provoque en la misma, tendrá tanto o más impacto que el derrame petrolero en el Golfo de México. Además, ahí habitan tribus indígenas que detentan el derecho a conservar sus recursos y costumbres; asimismo, deben ser protegidas por su condición humana y la riqueza cultural que aportan.
En solidaridad con la víctima, el IDHUCA demanda al Ministro del Interior del Perú –Octavio Salazar– que reconsidere la expulsión y que su gobierno no sólo permita la labor del Hermano Paul sino que también la apoye. También exhorta a las personas que promueven y defienden los derechos humanos en el mundo, a unirse en la defensa del religioso y de todas las personas comprometidas con esta causa en el mundo que sufren persecución política, a las que se restringe su libertad o que son torturadas, desaparecidas o ejecutadas en cualquier lugar de la Tierra.
El Salvador, San Salvador, 8 de julio del 2010.
http://www.uca.edu.sv/publica/idhuca/indice.html
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Entrevista en SER
Francisco Muguiro, sacerdote jesuíta y director de la Vicaría del Medio Ambiente de Jaén, opina sobre la decisión del gobierno peruano de expulsar del país al hermano Paul Mc Auley por “alterar el orden público”. Muguiro se encuentra también entre los sacerdotes denunciados por defender el medio ambiente.
Por: Christian Reynoso
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Gastón Garatea: Decisión del Gobierno contra Mc Auley es una cacería de brujas
Ideeleradio.- La resolución ministerial por la que se suspende la visa de residencia al religioso inglés Paul Mc Auley, es una especie de cacería de brujas, porque las autoridades están considerando como delito la defensa de la vida, afirmó Gastón Garatea, ex presidente de la Mesa de Concertación de Lucha contra la Pobreza.
“Yo creo que allí hay una especie de caza de brujas, se está buscando personas que son frágiles, un extranjero, un hombre mayor, es un hombre frágil, se está abusando de una persona que no es muy conocida siquiera en el medio oficial peruano, pero en el medio popular, tanto en Zapallal [Cono Norte de Lima] como en Iquitos es un hombre conocido”, manifestó en el programa “No Hay Derecho” de Ideeleradio.
“Yo tengo miedo de que venga acá una gran protesta por esto, y no la vamos a poder parar por este tipo de tontería, porque esto es una tontería. […] Eso [que se quiere un sector de la Iglesia menos crítico] es evidente. Hay un sector de la Iglesia que está en la defensa de los pequeños, de los humildes y que está muy unido a los sectores populares, y eso no es bien visto”, agregó.
Quieren enviar a los curas a la sacristía
Cuestionó, en ese sentido, que el Gobierno haya adoptado la decisión de expulsar a Paul Mc Auley, y que el régimen aprista tenga otra posición en relación a Doe Run, empresa extranjera que –dijo– está envenenando sistemáticamente a la población.
“Acá lo que se quiere, es lo que nos han dicho algunos congresistas, los curas a la sacristía, está bien pues, esa es su visión. Pero para mí, el hermano Mc Auley como tantos otros sacerdotes y religiosos están luchando por la vida y luchar por la vida no puede ser un delito, ese no puede ser un argumento para que a uno lo saquen del lugar donde está”, refirió.
“Allí hay un punto bien claro, Jesús murió por defender la vida de sus hermanos, aquí no entramos a hacer novedades cuando uno defiende la vida de los otros, este es un mandamiento que nos viene de la fuente misma del cristianismo que es Jesús. Al decir que está en actividades subversivas, pues claro, lo más subversivo que dijo Jesús era que todos éramos iguales y ojalá lo tratemos a este señor como un ser igual. Abarcar otras jurisdicciones”, remarcó.
Mc Auley fue brutalmente solidario con Loreto
Consideró, además, que no se puede juzgar a nadie en base a generalidades, al referirse a la resolución del Ministerio del Interior que dispone la expulsión. Estimó que la labor del religioso de nacionalidad británica puede interpretarse como una “cosa brutalmente solidaria” a favor de sus hermanos de Loreto, que están totalmente desprotegidos.
“Cuando uno vive la experiencia de marginación y uno está en los lugares donde no hay autoridad, donde no hay ningún representante del Gobierno, y si la gente se decide a decir algo, a protestar, cómo un religioso, un hombre del evangelio, no va a apoyar eso”, concluyó.
Publicado por Blog de Ideele Radio
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Plantón en Solidaridad con religioso Paul Mc Auley
La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos se suma e invita a participar en las actividades en solidaridad con el hermano Paul Mc Auley y las comunidades afectadas por la contaminación ambiental.
JUEVES 8 DE JULIO
PLANTÓN EN REPUDIO A LA ARBITRARIEDAD, LA CORRUPCIÓN Y LA IMPUNIDAD
Lugar: Esquina Jr. Camaná y Conde de Superunda – Centro de Lima
Hora: 4:00 p.m.
Convocan diversos colectivos ciudadanos
VIGILIA EN DEFENSA DE LOS DDHH, LA TIERRA Y EL MEDIO AMBIENTE
Lugar: Capilla Colegio La Salle - Av. Arica 601 - 695 - Breña
Hora: 5:00 p.m.
Convoca: Conferencia de Religiosos del Perú
¡¡PARTICIPA!!
Fuente: http://blog.dhperu.org/?p=7861
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Juzgado de Maynas deja en suspenso expulsión de Mc Auley
Por Ideeleradio
El titular del Primer Juzgado Civil de Maynas, Alexander Rioja Bermúdez, emitió una medida cautelar a favor del hermano británico Paúl Mc Auley, presidente de la Red Ambiental de Loreto (RAL), por la cual se deja en suspenso la Resolución Ministerial Nº 0571-2010-IN, que disponía la cancelación de su residencia en el Perú por su presunta participación en actividades de carácter político.
Así lo informó Aldo Atarama, vocero de la Corte Superior de Justicia de Loreto, quien explicó que por efecto de la medida, no se podrá poner en práctica la disposición del Ministerio del Interior, por la que se ordenaba que el religioso abandone mañana el país.
“Uno es el Habeas Corpus y el otro la Acción de Amparo. Entonces en la Acción de Amparo se ha emitido una medida cautelar ordenándose que se suspenda la aplicación de la resolución ministerial. Con esto [el Poder Judicial] le está diciendo al Ministerio del Interior que no puede aplicar su resolución y por lo tanto aún no pueden expulsar al hermano Paul Mc Auley”, declaró a Ideeleradio.
En tanto, Rita Ruck Riera, abogada defensora del religioso explicó que con esta decisión judicial se le da tranquilidad al presidente de la Red Ambiental de Loreto para que pueda hacer valer sus derechos en la vía administrativa.
“Con esta decisión judicial él (Mc Auley) se puede quedar en el país. A partir de la fecha tenemos quince días para impugnar la resolución administrativa del Ministerio del Interior”, sostuvo.
Por su parte, el hermano Paul Mc Auley mostró su satisfacción y tomó con grata sorpresa la decisión judicial que le fue comunicada por sus abogados.
“Mis abogados me han dicho que ya puedo salir y ya puedo regresar a mi trabajo, en este momento no sé si es una Acción de Amparo o un Habeas Corpus pero lo importante es que ya podemos seguir trabajando [por el bien del Perú”, expresó.
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IBC y CEP destacan pronunciamientos en defensa de Paul McAuley
El Instituto Bartolomé de Las Casas, IBC, y el Centro de Estudios y Publicaciones, CEP, se unen a los Pronunciamientos del Instituto de los Hermanos de La Salle y al de la Conferencia Peruana de Religiosos, CONFER, en solidaridad con el Hermano Paul McAuley.
Junto con los religiosos de La Salle, uno de cuyos comunicados es del Superior General de la Congregación en Roma, hacemos pública nuestra extrañeza y rechazamos la Resolución Ministerial mediante la cual el Ministerio del Interior ha resuelto cancelar la residencia de Paul McAuley quien cumple "labores pastorales y misioneras en la Región de Loreto lIevando adelante una encomiable y denodada labor en defensa de los derechos de los pobladores y de la conservación del medio ambiente en la selva peruana".
Como dice la Conferencia de Religiosos del Perú, Confer, "EI Hermano Paul, (religioso de La Salle) ha prestado servicios invalorables en el campo de la educación en sectores de la sociedad donde el Estado está ausente. Nos parece doloroso que su compromiso con las minorías y con nuestra lglesia que promueve la protección de la creación, hayan sido consideradas pruebas de que su presencia en nuestra patria resulte incómoda y perturbadora para el gobierno".
Coincidimos además con las reflexiones de Monseñor Alberto Campos, obispo de San José del Amazonas cuando dice: " Me preocupa que se consideren delitos que alteran el orden público el trabajo que algunos misioneros realizan a pedido de comunidades e instituciones para informarles sobre sus derechos nacionales e internacionales...y, por otro lado, no se consideran delitos la contaminación de los ríos, la deforestación de los bosques, la ilegalidad y corrupción para ofrecer algunas concesiones para el enriquecimiento injusto de algunas personas o empresas en perjuicio de los habitantes de la Amazonía, la negligencia de algunos profesionales que reciben un sueldo para trabajar en la Selva y no se presentan a sus puestos de trabajo en detrimento de la educación y salud de los que deberían ser beneficiados".
Estamos convencidos de que el desarrollo al que la mayoría aspira no puede tener bases sólidas si no se respetan los derechos de todos los que viven en el Perú, empezando por nuestros compatriotas amazónicos. Como dijeron los obispos de AL en la reunión de Aparecida "En las decisiones sobre las riquezas de la biodiversidad y de la naturaleza, las poblaciones tradicionales han sido prácticamente excluidas, la naturaleza ha sido y continua siendo agredida. la tierra fue depredada... un ejemplo muy importante de esta situación es la amazonía (Aparecida n. 84)
Como ciudadanos y cristianos manifestamos nuestra solidaridad con el Hermano Paul Mc Auley y hacemos votos para que las gestiones judiciales y administrativas orientadas a revertir esta infundada Resolución Ministerial, tengan éxito. Así como él, hay otros cristianos, incluso sacerdotes y obispos, que, al comprometerse con las poblaciones nativas en la defensa de su entorno han recibido acusaciones y amenazas. En un régimen democrático, como el nuestro, debe existir libertad de expresión y de organización. De ellas ha hecho uso, legítimamente, Paul McAuley.
Centro de Estudios y Publicaciones
Instituto Bartolomé de Las Casas
Lima, 6 de julio 2010
NOTA.-Se reciben adhesiones institucionales y personales en: cep@cep.com.pe
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Acción urgente por el hermano Paul Mc Auley ante la Unidad de Defensores de Derechos Humanos de la CIDH
Lima, 6 de julio de 2010
Señores
Unidad de Defensores de Derechos Humanos
Comisión Interamericana de Derechos Humanos
Estimado señores, en mi condición de Secretario Ejecutivo de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, cumplo con enviar la presente acción urgente a favor del ciudadano británico y defensor de derechos humanos, hermano Paul Michael Jhon Thomas Mc Auley, quien sería expulsado del Perú este miércoles 7 de julio de 2010.
Estando claros en el mandato y las altas funciones de la Unidad de defensoras y defensores de derechos humanos, las que comprenden recibir y analizar las comunicaciones, denuncias, acciones urgentes, entre otras, que estén relacionadas a la plena vigencia de los derechos de defensoras y defensores en la región; y siendo este un caso de real emergencia –existe un “ultimátum” creíble mediante el cual se indica al hermano Paul que debe abandonar el país- solicitamos a la Unidad se pronuncie de inmediato y tome las medidas del caso, comunicándose de inmediato con las autoridades peruanas, a efectos de que reconsideren la medida adoptada, en razón a la evidente vulneración de los derechos del ciudadano Paul Michael John Thomas Mc Auley.
Atentamente,
Ronald Gamarra
Secretario Ejecutivo
Coordinadora Nacional de Derechos Humanos
El texto completo del documento alcanzado a la Unidad de Defensores de Derechos Humanos de la CIDH, se puede descargar oprimiendo el mouse aquí: http://blog.dhperu.org/wp-content/2010/docs/paul_mc_auley_cidh.doc
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RECHAZAMOS ARBITRARIA EXPULSION DEL PAÍS DEL RELIGIOSO PAUL MC AULEY, DEFENSOR DE DERECHOS HUMANOS Y DEL MEDIO AMBIENTE
Las organizaciones que suscribimos esta declaración rechazamos la arbitrariedad que el gobierno pretende cometer al ordenar la expulsión del país del religioso británico Paul Mc Auley, que desarrolla su labor pastoral en la región Loreto y es un destacado defensor del medio ambiente y de los derechos de los pueblos de la Amazonía.
Las razones oficiales para la expulsión del religioso han sido expresadas en una resolución del Ministerio del Interior (0571-2010-IN/1601), que señala genéricamente como razones de esta medida la “alteración del orden público” y la “participación en actividades de carácter político”, sin especificar nada más, lo cual viola el principio de la debida motivación de las resoluciones administrativas.
El hermano Paul Mc Auley es un religioso reconocido por su intensa labor pastoral y su identificación con los pueblos indígenas de la Amazonía; por ello su labor ha sido la de capacitar e incidir de modo pacífico por el respeto a los derechos de los pueblos amazónicos. Por su labor comprometida, el hermano Mc Auley recibe en este momento difícil el más amplio respaldo ciudadano así como el apoyo del Vicariato de San José de Iquitos y de numerosas instituciones y redes ciudadanas nacionales e internacionales.
Consideramos que esta medida no es un caso aislado y que el Gobierno persiste en su política de hostilizar a los dirigentes sociales y a los representantes de la sociedad civil y las iglesias que defienden los derechos de las poblaciones afectadas por proyectos que afectan su supervivencia y el medio ambiente. Esta actitud del Gobierno corresponde a una visión antidemocrática y autoritaria, contraria a la expresión y participación ciudadana y que, por tanto, menosprecia la opinión y los intereses de los pueblos indígenas y otros sectores de la población, y que a la vez es tolerante con las malas prácticas de muchas empresas extractivas.
Consideramos igualmente necesario llamar la atención de la opinión pública sobre la campaña negativa contra otros religiosos que desarrollan su labor pastoral en el país trabajando en provincias lejanas por los derechos humanos de los pueblos más pobres y por el respeto al medio ambiente, como en Jaén, Chulucanas, Yurimaguas o Barranquita.
Instamos a las autoridades a rectificar este camino revocando su arbitraria resolución de expulsión y, en todo caso, permitir, como en toda democracia, el derecho del hermano Mc Auley a ejercer adecuadamente su derecho a la defensa. Finalmente anunciamos que ya se han realizado acciones legales para contradecir la resolución y nuestro total apoyo a todas las expresiones ciudadanas de protesta contra esta pretendida arbitrariedad.
Lima, 5 de julio de 2010
- Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH)
- Asociación Nacional de Centros de Investigación, Promoción Social y Desarrollo (ANC)
- Movimiento Ciudadano Para Que No Se Repita (PQNSR)
- Plataforma Interamericana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo (PIDHDD)
- Conferencia Nacional sobre Desarrollo Social (CONADES)
- MUQUI Red de Propuesta y Acción
- Centro de la Mujer Peruana Flora Tristán
- Misioneros Columbanos
- Instituto Bartolomé de Las Casas
- Centro de Derechos y Desarrollo (CEDAL)
- Centro de Investigación Social Y Educación Popular (ALTERNATIVA)
- Llamado Mundial a la Acción contra la Pobreza - Perú
- Centro de Políticas Públicas y Derechos Humanos (EQUIDAD)
- Red Perú de Iniciativas de Concertación por el Desarrollo Local
- Asociación Paz y Esperanza
- Movimiento Ciudadano frente al Cambio Climático (MOCICC)
- Grupo Propuesta Ciudadana
- Grupo Red de Economía Solidaria del Perú (GRESP)
- Fórum Solidaridad Perú (FSP)
- Grupo Género y Economía
- Instituto de Formacion Social Comunicación y Juventud de Arequipa (IFOSOCJ)
- Movimiento PQNSR Lima Este
- Proyecto Amigo
- Instituto Peruano de Educación en Derechos Humanos y la Paz (IPEDEHP)
- Juventud Agraria y Rural Católica (JARC)
- Vidas Verdes
- Cristianos Sin Fronteras
- Consumidores por el Desarrollo
http://blog.dhperu.org/?p=7842
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IDL difunde informe jurídico sobre inconstitucional expulsión de religioso Paul Mc Auley
INFORME JURÍDICO
INCONSTITUCIONAL MEDIDA DE EXPULSIÓN ADOPTADA POR EL GOBIERNO EN CONTRA DEL RELIGIOSO PAUL MICHAEL JOHN THOMAS MC AULEY
Juan Carlos Ruiz
Luis Roel
Instituto de Defensa Legal (IDL)
Como es de conocimiento público, la Dirección General de Migraciones (Digemín) del Ministerio del Interior ha cancelado la residencia del religioso británico Paul Michael John Thomas Mc Auley, otorgada en el año 2006, argumentando que este ha participado en actividades que afectan el orden público.
Uno de los rasgos que caracterizan el Estado de Derecho es precisamente el cumplimiento de la ley por todos los poderes públicos y los particulares. Sin embargo, para que la ley sea válida, no solo debe ser expedida según el procedimiento legislativo previamente establecido, sino que debe ser compatible con los derechos, principios y valores contenidos en la Constitución.
La medida adoptada por el gobierno busca proteger un bien jurídico constitucional como es el orden público. En efecto, según el artículo 63 inciso 1 de la Ley de Extranjería (Dec. Leg. 703), procede la cancelación de la residencia en el país del extranjero que realice actos contra el orden público interior. En virtud de ello, la decisión del Ministerio del Interior contenida en la R.M. 0571-2010-IN/1601, del 11 de junio pasado, sostiene que se estaría afectando el “orden público interior”.
Sin embargo, los autores de la resolución olvidan que las marchas y protestas a favor de la protección del medio ambiente, no son actos ilegales e inconstitucionales, sino todo lo contrario, son actos que gozan de cobertura y protección. La libertad de reunión es un derecho constitucional fundamental reconocido en el artículo 2.12 de la Constitución, y que consiste en la posibilidad que tiene un conjunto de ciudadanos de agruparse temporalmente con un objetivo común. En el ámbito político, la libertad de reunión se manifiesta en actividades como manifestaciones públicas, marchas de protesta, mítines realizados con fines político partidarios o electorales.
Ciertamente, para nadie es un secreto que estas protestas sociales muchas veces terminan o recurren en actos violentos y vandálicos. En tales casos debemos ser conscientes que las mismas, como manifestación y concreción del derecho constitucional de reunión, se encuentran sujetas a límites. En efecto, para que la protesta sea considerada como una legitima manifestación del derecho a la libertad de reunión, debe ejercerse pacíficamente y sin armas, y no afectar derechos de terceros.
La Resolución del Ministerio del Interior señala que “Paul Michael John Mc Auley se encuentra presidiendo la Asociación Red Ambiental Loretana registrada el 10 de febrero del 2006 y que desde la creación de dicha asociación ha venido participando en diferentes actividades de carácter político, tales como marchas de protesta por las principales calles de la ciudad de Iquitos contra el Estado Peruano y demás actos que constituyen alteración del orden público los mismos que se detallan en el Atestado”.
Como puede advertirse, lo único que dice la Resolución es que Paul Mc Auley ha participado en marchas de protesta, pero no ha probado en forma objetiva, la afectación del orden público. La participación en marchas de protesta per se no amenaza el orden público. Además, en la resolución materia de análisis no hace referencia a actos de violencia y vandalismo. Como lo señala el TC “los motivos que se aleguen para prohibir o restringir el derecho de reunión, deben ser “probados”. No deben tratarse, en consecuencia, de simples sospechas, peligros inciertos, ni menos aún de argumentos insuficientes, antojadizos o arbitrarios; sino de razones objetivas, suficientes y debidamente fundadas” (STC 4677-2004-PA/TC, f.j. 18).
Es más el TC recoge el principio de favorecimiento del derecho de reunión, según el cual “si existieran dudas sobre si tal ejercicio en un caso determinado puede producir los efectos negativos contra el orden público con peligro para personas y bienes u otros derechos y valores dignos de protección constitucional, aquellas tendrían que resolverse con la aplicación del principio o criterio de favorecimiento del derecho de reunión (favor libertatis), sin que baste para justificar su modulación o prohibición la mera sospecha o la simple posibilidad de que se produzcan dichos resultados” [1]. En este caso, en aplicación de este principio, debemos de concluir que no se ha violado ni amenazado el orden público.
De otro lado, sabemos que los derechos no son absolutos, pueden ser limitados cuando está de por medio la protección de otro derecho constitucional o de un bien jurídico digno de protección. En el presente caso, el conflicto y la tensión central se daría entre el orden público y de otro lado un conjunto de derechos donde destaca el de reunión.
Sin embargo, en el supuesto negado de que realmente el derecho de reunión ejercido por Paul Mc Auley hubiera afectado realmente el orden público, el test de proporcionalidad (y más en concreto el sub principio de necesidad) establece que solo será constitucional la limitación de este derecho, cuando no haya otra manera de obtener protección del bien jurídico que se quiere proteger. En otras palabras, si realmente se quiere evitar que Paul Mc Auley no participe en actividades que comprometa el orden público, existen otras maneras de lograr lo mismo, sin tener que recurrir a la cancelación de su residencia. Es decir, habría otras formar de lograr lo mismo sin sacrificar el ejercicio de derechos constitucionales.
La conclusión es evidente, la participación de Paul Mc Auley en marchas de protesta social pacífica constituye el ejercicio legítimo del derecho constitucional de reunión, y la resolución analizada no ha demostrado que se haya habido una afectación objetiva y probada.
Asimismo, la decisión del Ministerio del Interior viola otros derechos constitucionales relacionados con el debido proceso y la tutela judicial efectiva. Nos referimos al derecho a la motivación de toda decisión no solo judicial sino administrativa, más aún cuando se afecta el derecho a la defensa, toda vez que nunca se le permitió defenderse.
La resolución materia de comentario, no solo cancela la residencia, sino que da un plazo de 7 días para Paul Mc Auley abandone el país. Ante esta violación, que afecta el derecho constitucional a la libertad ambulatoria, corresponde la interposición del recurso de hábeas corpus, a efectos que el juez constitucional analice la constitucionalidad de la cancelación de residencia y de la expulsión del país.
http://blog.dhperu.org/?p=7857
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Amnistía Internacional pide al ministro del interior reconsiderar la expulsión de Paul McAuley del Perú
El día de hoy Amnistía Internacional dirigió una carta al Ministro del Interior del Perú, Octavio Salazar, para que reconsidere la expulsión del religioso británico Paul McAuley, presidente de la Red Ambiental Loretana y reconocido activista por el derecho a un medio ambiente sano.
Señor Ministro,
Como es de su conocimiento Amnistía Internacional es una organización que trabaja por el disfrute efectivo de los derechos humanos para todas las personas en el mundo y que cuenta con más de dos milìones de miembros en más de 150 países.
En esta ocasión me dirijo a Usted en relación con la cancelación de la residencia del ciudadano británico Paul Michael John Thomas McAuley (Resolución Ministerial No. 0571-
2010-IN/1601, firmada por Usted el pasado 11 de Junio de 2010). El Hermano Paul McAuley reside en el país desde hace veinte años, dedicándose los últimos diez años a la defensa de los derechos de los pueblos indígenas y a la protección del medioambiente en el Perú. Entre otras de sus acciones, por ejemplo, se destacan las denuncias por contaminación de ríos y de medidas legales y otras que podrían tener un eventual impacto negativo sobre el medioambiente.
Según la información recibida por Amnistía Internacional, la notificación de esta decisión ha tomado completamente por sorpresa al Hermano Paul y a las comunidades y organizaciones con quienes él trabaja. La forma como se ha adelantado el proceso para llegar a tal decisión, así como el impacto que dicha decisión está tendiendo sobre el Hermano, las personas con quienes el trabaja y ias demás organizaciones de derechos humanos en el pais, genera una profunda preocupación a Amnistía Internacional por los siguientes motivos;
Por una parte, la mencionada decisión parece haberse tomado sin siquiera haberle dado la oportunidad al directo afectado de presentar y sustentar la legitimidad y legalidad de sus actuaciones o de apelar dicha decisión, lo cual contraria el derecho internacional de los derechos humanos, incluídos los tratados ratificados por Perú, en donde se estabtece el derecho a un debido proceso, tanto en el ambito judicial como administrativo.
Por otra parte, esta decisión sorpresiva de cancelar la residencia al Hermano Paul se toma en un contexto en el que Amnistía internacional ve que cada vez mas se restringen las libertades de pensamiento, expresión, asociación, asamblea y movimiento en el Perú, lo cual está teniendo un impacto negativo y directo contra el derecho a defender los derechos humanos, recogido en la Declaración de Defensores de Derechos Humanos aprobada por la Organización de las Naciones Unidas en 1998 (A/RES/53/144).
Amnistía Internacional ve con mucha preocupación la actitud del gobierno del Perú en relación con los derechos humanos de los pueblos indígenas en el Perú y de las personas que trabajan para protegerles. En particular, la organización ha denunciado la falta de justicia y la lentitud del proceso judicial en relación con los hechos del 5 de junio 2009 en Bagua. Asimismo la organización ha destacado los cargos infundados que siguen vigentes en contra de varios líderes indígenas. La cancelación de la residencia del Hermano Paul McAuley parecería ser un paso mas en un campaña de amedramiento por parte del gobierno hacia las comunidades indígenas y los defensores de los derechos humanos que trabajan con ellos.
En este sentido y por todo lo anterior quiero solicitarle que a la luz del derecho internacional de los derechos humanos y, en particular, de los tratados en la materia ratificados por Perú, reconsidere la cancelación de la residencia del Hermano Paul teniendo en cuenta la legitimad de sus acciones como defensor de los derechos humanos y del medioambiente. Le agradecería se brinde mayor información sobre las medidas que se han tomado para garantizar los derechos humanos del Hermano Paul McAuley, entre otros el derecho al debido proceso, los derechos del migrante y la proporcionalidad de la medida. De esta forma se estaría enviando el mensaje de que defender los derechos humanos y el medioambiente en el Perú es una actividad legítima, respetada por las autoridades.
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