100 km del Marañón afectados por derrame
Científicos constatan en la zona que residuos de petróleo se han extendido río abajo. Hay 42 comunidades nativas afectadas, la mayoría pertenece a la etnia Cocama. Pluspetrol no informó oportunamente a todos los pobladores perjudicados
Por: Nelly Luna Amancio
El Comercio, Domingo 11 de Julio del 2010
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En Saramuro y Santa Rita de Castilla (Loreto), a casi 10 horas (dos en auto y ocho en deslizador) de Iquitos, llueve torrencialmente. Los niños chapotean en los charcos. Las mujeres sacan sus bateas a la calle y comienzan a juntar las gotas que golpean con fuerza. En estas y otras comunidades de la etnia Cocama ubicadas en las riberas del inquieto río Marañón, la lluvia no había sido tan celebrada como ahora después del derrame de petróleo ocurrido hace tres semanas. Desde ese día no consumen agua de río. Y como los bidones que les entrega la empresa propietaria del crudo derramado (Pluspetrol Norte) no les alcanza, ellos juntan las gotas de lluvia.
El sábado 19 de junio, en Saramuro, exactamente en la bahía llamada Tiwinza, la base de una barcaza de petróleo que prestaba servicios para Pluspetrol Norte se quebró y liberó al río —según la misma empresa— 302 barriles de crudo. Ese sábado a las 3:30 p.m., después de almorzar, un grupo de pobladores de Saramurillo, la comunidad vecina, se acercó a la orilla y vio cómo una espesa mancha tornasolada cubría parte del río.
Aguas abajo, al día siguiente, el domingo 20 de junio, a las 6:30 de la mañana, dos pobladores de San José de Parinari, iban en peque peque hacia su chacra para cargar plátanos cuando vieron que el agua extrañamente brillaba. Se acercaron, la tocaron, la olieron. Esa sustancia viscosa era petróleo. Ya la habían visto antes, cuando el 2000, unos 5.500 barriles de petróleo terminaron en el mismo río luego de que una barcaza con crudo —también de Pluspetrol Norte— se hundiera.
Conforme las manchas de petróleo iban avanzando arrastradas por el Marañón, las comunidades se fueron enterando del derrame. “Ni ese sábado, ni el domingo ni siquiera el lunes nos comunicaron del accidente. Fueron las mismas comunidades las que decidieron por su cuenta dejar de consumir el agua y los peces del río”, dice la hermana Nancy Roca, misionera del Sagrado Corazón de Jesús que hace más de 25 años trabaja en la comunidad de Santa Rita de Castilla, la sede administrativa del distrito de Parinari, adonde pertenecen las comunidades afectadas.
DIECIOCHO DÍAS DESPUÉS
La travesía por el torrentoso Marañón se inició el último miércoles en Nauta. Acompañamos a un equipo contratado por la Comisión Episcopal de Acción Social (CEAS) para analizar el impacto del derrame sobre el ecosistema del río. Los biólogos Pedro Carrillo y Percy Gallegos estudiarán la calidad del agua, los sedimentos del río y elaborarán un análisis hidrobiológico. Ellos recogieron muestras de agua, lodo y peces de 10 comunidades del Marañón. Las manchas del petróleo alcanzaron hasta 100 kilómetros aguas abajo de la zona del derrame.
En las comunidades visitadas (ver infografía) continúan los trabajos de limpieza del crudo acumulado en las orillas y en las palizadas. La empresa Pluspetrol Norte ha contratado a pobladores —a los que paga 30 soles— para que recojan los restos de petróleo que todavía persisten en la vegetación de las orillas. Solo el último jueves, en la comunidad de San José de Parinari, un grupo de pobladores juntó nueve costales, un día antes habían sido once, dice Roger Cunayapa, dirigente comunal. “Nos metemos al río, y así (muestra sus manos libres) vamos recogiendo las plantas negras y grasosas”.
COMUNICACIÓN Y EMERGENCIA
El lunes 21, Álex Pinedo, poblador de la comunidad de San José de Parinari (que como las otras del Marañón se dedica a la pesca y a la agricultura), se enteró del derrame, pero ignoraba su magnitud. Ese día, en la tarde, cuando vio unos peces muertos, con sus agallas ennegrecidas por el crudo, supo que no debía comer más pescado. Eso es lo que se ve en las imágenes y los videos que ellos mismos grabaron y difundieron con dificultad porque aquí no hay luz ni Internet.
¿Cuándo informaron a las comunidades del derrame? Daniel Guerra, gerente de relaciones institucionales de Pluspetrol, explica: “Lo fundamental primero es contener la fuga, eso fue a las 7 p.m. del sábado, pero ocurrido el incidente definimos el área de influencia directa, que era Saramurillo, y le comunicamos al teniente gobernador de esa comunidad”. ¿Y las otras comunidades? “Las comunidades de la Marañón no están dentro de nuestra zona de operaciones”, dice el representante, pero señala que evalúan mejorar su “sistema de comunicación con estas”, con el fin de hacerlas más inmediatas ante la emergencia.
La Marina también ha informado que ellos se enteraron del derrame el sábado por la noche, varias horas después del accidente. Pluspetrol asegura que lo hicieron cuando pudieron y dentro de lo que exige la ley.
La información sobre el accidente es muy limitada en las comunidades, lo que incrementa el miedo. En el centro de salud de Santa Rita, la enfermera Rocío del Pilar Emma tiene un reporte con 54 casos de enfermedades diarreicas y 12 de dermatitis atribuidos a la contaminación por petróleo. Hay impotencia y desconfianza en la voz de Delfa Díaz: “¿Hasta cuándo no vamos a poder beber agua de río, señorita?”, pregunta. Nadie les ha dicho hasta cuándo hay que esperar. Desde que se registró el accidente la empresa ha comenzado a entregar por familia 4 kilos de arroz, 2 kilos de fideos, una botella de aceite de soya brasileño y 4 latas de atún.
Pluspetrol asegura que no se usaron dispersantes para contener el petróleo
Álex Pinedo, poblador de la comunidad San José de Parinari, vio el domingo 20 de junio un deslizador que echaba una especie de polvo sobre las manchas de petróleo que arrastraba la corriente. Incluso, un informe elaborado por el Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana (IIAP) recomienda que debido a los “altos contenidos de aceites y grasas hallados en la capa superficial del río Marañón, y conociendo que se usaron dispersantes para el crudo derramado es necesario realizar una vigilancia integral de los impactos que se podrían generar a corto y mediano plazo en el agua”.
Sin embargo, César Olea, jefe de medio ambiente de Pluspetrol Norte, niega que se haya usado dipersantes para contener el derrame. “Lo que hemos usado es una barrera de contención y luego un material orgánico (Oclansorb) absorbente sobre las manchas arrastradas por el río que no afecta el ambiente”, dice.
El uso de dispersantes —que disolvería el petróleo y lo precipitaría al fondo del río— fue también uno de los temas que más se discutió durante y después del derrame de petróleo en el mar de Luisiana (a pesar de las enormes diferencias por la magnitud del desastre ecológico en EE.UU.), pues su impacto es impredecible.
A fin de mes concluirá la investigación que la Marina realiza sobre este derrame.
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Mientras en Huancavelica...
Osinergmin conocía que en Huancavelica las mineras no cumplían exigencias ambientales
Domingo 11 de Julio del 2010
Los dos accidentes registrados en las últimas semanas —el derrame de petróleo en el río Marañón y el deslizamiento del relave de la minera Caudalosa en Huancavelica— permiten analizar la capacidad de respuesta del sector privado y del Estado ante una emergencia ambiental.
El daño producido en Huanca-velica puso en evidencia la debilidad en el sistema de fiscalización. Ya el 2008 Osinergmin había inspeccionado las tres mineras que se encuentran en esta región —Julcani (Buenaventura), San Genaro y Caudalosa, todas de empresarios peruanos — y concluyó que ninguna cumplía con la totalidad de exigencias ambientales. Incluso, un estudio que elaboró Apoyo para esta institución, determinó que los efluentes de las tres compañías excedían los límites máximos permisibles en acidez y metales arrojados al río. Sin embargo, “si revisamos las resoluciones de Osinergmin, las sanciones no se encuentran”, precisa Manuel Pulgar-Vidal, director ejecutivo de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental.
MULTAS: DILATAS E IMPAGAS
Otro tema pendiente tiene que ver con las sanciones impuestas por las entidades reguladoras, como Osinergmin. Estas siempre son impugnadas y acaban en el Poder Judicial, donde los casos se archivan o se resuelven —con suerte— muchos años después. Otras veces, como bien señala Pulgar-Vidal, el monto impuesto es tan reducido que la empresa prefiere pagar la multa.
La multa máxima estipulada por Osinergmin para daños ambientales producidos por la minería son 600 UIT (poco más de dos millones de soles). “Este monto que casi nunca se impone no es suficiente para remediar o paliar los impactos cuando los daños son enormes”, sostiene el abogado.
Sobre este tema, Iván Lanegra, adjunto para el medio ambiente de la Defensoría del Pueblo, opina que “las normas deberían ser más estrictas y que se tiene que fortalecer el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA)”, al que Osinergmin deberá transferir sus funciones antes de agosto.
Lanegra menciona otro aspecto importante: la imparcialidad de los órganos de control. Cada vez que se registra un incidente ambiental, los fiscalizadores o el Ministerio Público acuden al lugar con el apoyo logístico de la empresa involucrada (que proporciona el transporte). “Los fiscalizadores deberían tener sus propios equipos y deberían costear su traslado. Es un asunto elemental, pero que casi nunca se puede dar por la ausencia de recursos económicos”, añade.
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