A dos años del ‘Baguazo’




Conclusión: Nada se aprendió. Los pueblos indígenas siguen sin ser tomados en cuenta.


Aquella mañana del 5 de junio del año 2009, la Curva del Diablo, en Bagua, fue un verdadero infierno. Miembros de la Policía Nacional llegaron hasta este punto para desalojar por la fuerza a los indígenas que bloqueaban la carretera como medida de protesta por la aprobación de varios decretos legislativos, como el 1064 y el 1090 (ver recuadro), que afectaban la propiedad de las tierras comunales que habitan desde hace siglos.

El inexplicable operativo que dejó como saldo 34 personas muertas entre policías e indígenas, demostró la ineptitud de un grupo de funcionarios del gobierno de Alan García para manejar los reclamos indígenas y dejó para la historia un nombre que nadie debería olvidar: ‘Baguazo’.

A dos años de este sangriento hecho, que dejó también más de cien heridos de ambos lados, el dolor en Bagua todavía se respira, los reclamos aún no tienen solución y la posibilidad de que esta historia se repita está siempre rondando la esquina.

“Lamentablemente, la condiciones de exclusión y abandono de las comunidades amazónicas continúan y los compromisos adoptados por el Estado después del ‘Baguazo’ no se han cumplido. Lo peor de todo es que estos trágicos hechos se pueden volver a repetir por este incumplimiento. Ahí vemos Puno, ahora, por ejemplo”, aseveró a diario16 el presidente de la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos, Afroperuanos, Ambiente y Ecología del Congreso, Washington Zeballos.

Con respecto a los compromisos, el parlamentario recordó que el Gobierno conformó cuatro Mesas de Trabajo para analizar los decretos legislativos cuestionados por los pueblos indígenas, los temas de desarrollo de los pueblos indígenas, la implementación de la Consulta Previa a los pueblos indígenas amazónicos y la investigación de la verdad de los sucesos de Bagua”.

“Solo se cumplió, por parte del Congreso, con la derogación de los decretos que vulneraban los derechos de los pueblos indígenas, pero no se han dado las normas sustitutorias, “como la Ley Forestal que hasta ahora no se aprueba y que es de suma importancia”.

“Hasta ahora tampoco tenemos identificados, claramente, a los responsables políticos y judiciales de estos hechos”, enfatizó culpar, no obstante, al régimen de García, de estos hechos por no darle la atención oportuna a esta gente.

SIN CONSULTO

Zeballos lamentó que hasta el momento no se haya aprobado la Ley de Consulta Previa, mecanismo que permitiría escuchar la posición del pueblo sobre la puesta en marcha de los proyectos en sus lugares de origen.

Al respecto, contó que el Congreso aprobó dicha norma en mayo del año pasado, pero que ésta fue observada por Ejecutivo al mes siguiente.

“Ante esta situación, la Comisión de Pueblos Andinos se pronunció por la insistencia en julio, pero desde esa fecha “no se le ha dado prioridad en la agenda del Pleno del Legislativo”.

El congresista indicó que existe una falta de voluntad política del Gobierno, pues éste considera que la Ley de Consulta “es un obstáculo a la inversión”. “Ellos ven este asunto de acuerdo a la filosofía de ‘El perro del hortelano’ del presidente García. Nosotros lo vemos por otro lado, pues esta norma ayudaría a solucionar los conflictos sociales. Es un mecanismo útil para la paz social”, indicó.

FRACTURA

Por su parte, Nayap Kinin, congresista electo de Gana Perú por Amazonas, afirmó que los sucesos de Bagua constituyen una fractura entre el Estado y la sociedad indígena, así como “el olvido, la marginación y el desprecio de la clase política, que nos considera ciudadanos de segunda clase”.

En ese sentido, Kinin hizo un llamado a todas las autoridades, organizaciones civiles e instituciones públicas y privadas para elaborar una plataforma común a favor de las comunidades indígenas y exigir al Congreso la aprobación de la Ley de Consulta Previa.

“Los pueblos nativos seguirán manteniendo y defendiendo su derecho a ser consultados, de acuerdo con la legislación peruana y los convenios internacionales. Tenemos derecho a los territorios que por siglos venimos ocupando, incluyendo los bosques y los recursos del subsuelo que han sido tomados y ocupados sin nuestro consentimiento. No aceptamos que se nos siga insultando de esta manera”, remarcó.

La congresista Elizabeth León Minaya afirmó que los integrantes de seis mil comunidades campesinas y 1,200 comunidades nativas están a la espera de que este Congreso apruebe la Ley de Consulta Previa, antes de que concluya su mandato.

Guido Lombardi: “La culpa fue del Gobierno por su ineptitud”

El legislador Guido Lombardi, ex presidente de la Comisión Especial que investigó los hechos de Bagua, criticó que hasta ahora se siga recordando lo ocurrido en Bagua como “un crimen cometido por indígenas, cuando la culpa de todo fue de un grupo de funcionarios del Gobierno, como consecuencia de su ineptitud, incapacidad, su soberbia o el ánimo de castigar la protesta de los pueblos indígenas”.

Precisamente, lamentó que el mandatario García haya expresado días atrás que el ‘Baguazo’ fue un horrendo crimen cometido por indígenas. “Seguimos criminalizando a nuestros hermanos indígenas o (García) miente de una manera descarada, o es de una ignorancia pavorosa. Como esto último es difícil de creer, (García) está mintiendo para blindar a sus ministros o blindarse él mismo de las responsabilidades que le podrían caer”, aseveró.

Indicó que, a dos años de estos hechos, “mi impresión es que no hemos entendido ni aprendido nada y que pretendemos, más bien, que Bagua fue un incidente más, que se olvidará”. “Entonces, en cualquier momento podría aparecer otro ‘Baguazo’. Puno está haciendo otro ‘Baguazo’, se ha calmado en consideración al proceso electoral, pero aún no se ha solucionado nada”, señaló Lombardi tras recalcar que en la agenda del Pleno del Legislativo figura también su informe en minoría que señala a los presuntos responsables políticos de los hechos, el cual –según dijo– se tocaría después de la elecciones de hoy.

CABANILLAS RESPONSABLE

Precisamente, el legislador indicó que dicho informe señala como responsable a los jefes policiales que realizaron el operativo, al ex primer ministro Yehude Simon y a la ex titular del Interior, Mercedes Cabanillas.

“La responsabilidad directa y real es de la ex ministra Cabanillas y de los jefes policiales, quienes siguieron como corderitos los gritos matonescos de su ministra. Ella, como buena maestra cree que la letra con sangre entra. Y como he repetido esto hasta el cansancio, siempre me amenaza con denunciarme, y si lo hace será la oportunidad de precisar su responsabilidad”, indicó.

Asimismo, cuestionó que hasta el momento no se haya aprobado la Ley de Consulta “a pesar de que este tema se discutió hasta el cansancio en el Parlamento”. “Aún no se aprueba esta norma, pero las concesiones mineras continúan. Esto demuestra que no se quiere ver el problema y que no nos interesa ni nos importa la opinión de las comunidades nativas”, enfatizó.

Remarcó que esta norma debe ser aprobada por este Congreso, pues en caso contrario el próximo gobierno, “cualquiera que fuera”, va a seguir teniendo problemas muy severos de carácter social.

LOS DECRETOS

El 4 de junio el Congreso se negó a derogar los decretos legislativos 1090 y 1064, normas que generaron las protestas indígenas en la Amazonía. Al día siguiente se realizó el desalojo de indígenas en ‘La Curva del Diablo’, y todo terminó en tragedia.

El 18 de junio del año 2009, el Congreso de la República aprobó el proyecto de ley que finalmente derogó estos decretos, que aprobaban la Ley Forestal y de Fauna Silvestre, y el régimen jurídico para el aprovechamiento de las tierras de uso agrario.

“La derogación de los Decretos Legislativos 1090 y 1064 es un triunfo para toda la Amazonía, en defensa de la vida, del territorio y de la biodiversidad”, afirmó aquella vez  Fernando Rivas Cárdenas, secretario de la Asociación de los Pueblos Indígenas.

DESAPARECIDO

El mayor de la Policía Felipe Bazán, natural de Cajamarca, desapareció en la Curva del Diablo tras los sucesos del 5 de junio del año 2009, cuando tenía 34 años de edad. En una foto mostrada por la Policía Nacional0 se ve a siete indígenas armados con lanzas conduciendo a Bazán, quien aparece con múltiples golpes en el cuerpo y con la cara sangrando. El oficial habría sido asesinado el mismo día de los hechos, tal como lo señaló el nativo Asterio Pujupat Wachapea, quien, incluso, admitió haber participado en la captura y muerte de Bazán.



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